Actualizado 18/05/2007 17:06

Colombia.- Sindicatos alertan de la desprotección social, precariedad y riesgo de 220 mineros en Ama (Antioquía)

La propietaria de la mina, en proceso de liquidación, no ofrece cobertura sanitaria o pensiones a los que ya deberían estar jubilados


MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera del Departamento de Antioquia (SINTRAMINEROS) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), han denunciado de forma conjunta la desprotección social, precariedad laboral y riesgo de tragedia humanitaria al que se enfrentan más de 220 trabajadores mineros del muncipio colombiano de Amagá, en la cuenca del Sinifaná (Antioquia).

En un comunicado, estos sindicatos alertan del peligro de muerte que actualmente corren estos trabajadores "por las pésimas condiciones seguridad de la mina a raíz de su abandono por parte de los antiguos propietarios", la empresa Industrial Hullera S.A, y "por la negligencia estatal en la intervención de la situación", que ya ha generado accidentes de trabajo "y amenaza con desencadenar en cualquier momento una catástrofe colectiva que se cobre igual numero de vidas".

Este proyecto minero es fuente de ingresos para más de 300 familias de la región, y genera más de 1.000 empleos entre directos e indirectos, además de pertenecer a todo un sistema subterráneo que es parte del ecosistema de esta zona de Antioquia, por lo que su colapso, aparte del alto numero de vidas que se cobraría, "amenaza con dejar a igual numero de familias desprotegidas, personas desempleadas, desestabilizar la economía local y generar daños ambientales irreparables", advierten.

En la misma línea, los sindicatos denuncian la situación de desprotección social de estos trabajadores, que, en muchos casos y habiendo trabajado desde hace varias décadas al servicio de esa empresa, --en proceso de liquidación desde hace nueve años y hoy con el nombre de Mineros Unidos S.A-- "no tienen acceso a atención medica, cobertura de riesgos profesionales, ni reconocimiento pensional por parte del Sistema General de Seguridad Social".

Actualmente muchos trabajadores de la mina que legalmente deberían estar recibiendo pensiones siguen trabajando, en muchos casos enfermos por las condiciones de trabajo y con un alto riesgo de morir por falta de herramientas y condiciones de seguridad en la mina, junto al resto de trabajadores en semejantes condiciones de desprotección social.

Ante este proceso de liquidación de esta antigua empresa, Mineros Unidos se encuentra actualmente incapacitada para asumir las millonarias deudas laborales y prestacionales que se deben a los trabajadores, impidiendo su operación normal y el sostenimiento de su productividad.

A ello se suma, según los sindicatos, "la falta de voluntad del Ministerio de Protección Social para exigir condiciones seguras y dignas de trabajo a la empresa" y la displicencia del Ministerio de Medio Ambiente para tomar cartas frente a los daños ambientales generados por el colapso de la mina".

Todo ello, "pone al descubierto la falta de un política minera nacional que abogue por la defensa de los recursos del subsuelo como bien público para la generación de empleo, el crecimiento económico equitativo y el desarrollo social integral", agregan.

Por todo ello demandan a las diferentes autoridades nacionales e internacionales, del orden administrativo, político y judicial, que según su competencia "pongan en marcha las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores de este proyecto minero y se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para garantizar su derecho fundamental a la vida, la igualdad, el trato digno, la atención sanitaria, y el reconocimiento pensional desde el reconocimiento de su vinculación al Sistema General de Seguridad Social".

Asimismo, piden que se investigue y sancione por parte de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, las responsabilidades existentes desde el sector público y privado, frente a las omisiones y negligencia que han generado este riesgo de tragedia humanitaria que a fecha de hoy "ya se ha cobrado varias victimas por accidentes de trabajo".

Finalmente, piden a las empresas Argos, Fabricato y Coltejer --que en el pasado se beneficiaron económicamente de la zona-- que asuman su responsabilidad social y económica, aportando los recursos del pasivo actuarial de Industrial Hullera, porque "ahora no pueden abandonar la zona dejando una tragedia social", mucho menos "cuando desde la cúpula de éstos grupos económicos se habla de RSE como una de sus políticas prioritarias".