BOGOTÁ, 12 Ago. (Reuters/EP) -
La empresa Uber ha sido sancionada este lunes en Colombia con una multa de más de 629.000 dólares (cerca de 561.000 euros) por obstruir una visita administrativa e incumplir órdenes de la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad encargada de proteger la libre competencia y derechos de los consumidores.
La Superintendencia ha manifestado que Uber presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes peticiones de información por parte de los funcionarios de la Delegación de Protección de la Competencia durante una visita en octubre de 2017.
"Existe una política empresarial al interior de Uber Colombia, en la cual se instruye a sus funcionarios en la forma cómo deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio", ha dicho en un comunicado.
"En virtud de lo anterior, existen instrucciones institucionales de no dar información respecto al negocio de la empresa ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, la cual fue puesta en marcha en la visita adelantada por la autoridad", ha agregado.
En Colombia, Uber tiene más de 2,3 millones usuarios activos y más de 88.000 socios conductores, aunque el servicio de transporte privado a través de plataformas tecnológicas es considerado ilegal por el Gobierno, no está regulado y los conductores que lo prestan hacen frente al riesgo de multas, además de la cancelación de sus licencias por un periodo de hasta 25 años.
Uber ha resaltado en un comunicado que no ha sido notificada aún de la decisión de primera instancia. "Desde Uber Colombia SAS respetamos la ley y las decisiones emitidas por las autoridades", ha dicho la empresa en un comunicado.
"Una vez la compañía sea notificada de la decisión, efectuará el análisis correspondiente a efectos de definir la pertinencia de interponer los recursos del caso", ha añadido.
En Colombia, Uber compite con otras plataformas como Didi y Cabify que, en medio de la creciente demanda de usuarios, se han convertido en una fuente de empleo para miles de personas, pese a que el Gobierno sostiene que la prestación del servicio de transporte en vehículos particulares viola las normas vigentes.