La lentitud de la Justicia ecuatoriana mantiene en prisión a unos 50 españoles que ya han cumplido sus condenas
MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha decidido excarcelar a tres personas que permanecían presas en España después haber sufrido el infierno de las cárceles ecuatorianas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Uno de ellos es Manuel, un joven que estuvo dos años preso en uno de los peores penales de Ecuador. Posteriormente fue trasladado a España donde permaneció en prisión otro año más. Un calvario desde 2012 por una cantidad de droga que hoy le habría supuesto menos de un año de condena.
La burocracia y la lentitud de la Justicia ecuatoriana mantiene en prisión a medio centenar de españoles condenados en su día por ese país por tráfico de drogas y que ya deberían estar en libertad. Cuarenta de ellos fueron trasladados a prisiones españolas tras varios años bajo el sistema penitenciario ecuatoriano, pero una decena sigue en aquel país.
Ecuador aprobó hace un año una reforma de su Código Penal que regula los años de condena en función de la cantidad de droga incautada. Antes se imponía a todos la misma pena de ocho años independientemente de la cantidad de droga con la que fueses detenido. Pese a la entrada en vigor de este cambio, estos 50 españoles se encuentran a la espera de que revisen sus condenas, un proceso plagado de obstáculos y complicaciones.
Por el momento, el juez de Vigilancia ha empezado por aplicar la ley penitenciaria española a estos tres casos en busca de una vía alternativa que no suponga el incumplimiento de las condenas dictadas por Ecuador.
Los autos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso Europa Press admiten la dificultad de la situación: "el proceso en Ecuador para revisar la pena tras la reforma del Código Penal es complejo y arduo, entre aspectos requiere la audiencia del penado, por lo que puede prolongarse en el tiempo".
"NOTORIA INJUSTICIA"
En otro punto de la resolución, el magistrado añade que "en este tipo de internos se produce una situación de notoria injusticia ya que la demora en la revisión de la condena en Ecuador supone un tiempo de encarcelamiento en España superior al que pudiera corresponderle". En este sentido, el juez considera "necesario" aplicar una "perspectiva de justicia humanitaria".
Por el momento uno de los que pondrá fin a su desgracia es Manuel, un joven a quien el juez ha decidido concederle un artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permitirá salir todos los días de la cárcel. Sólo tendrá que acudir a pernoctar menos cuando disfrute de permisos penitenciarios. En su caso ha sido determinante que tenga una oferta de trabajo en el exterior. Realizará "la actividad en La Cruz Roja de La Coruña en el horario que esta determine".
Las fuentes consultadas aseguran que sería fundamental que todas las instituciones se implicasen a la hora de favorecer la reinserción de estos presos ya que el hecho de que cuenten con una oferta de trabajo es fundamental de cara a facilitar su excarcelación. Además en el caso de Manuel cuenta con el arraigo de su familia que no ha cejado en su empeño de devolverle a casa durante estos años de calvario.
Junto a las familias está el trabajo de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Esta institución lleva más de un año haciendo gestiones prácticamente en solitario con las autoridades de ambos países para hallar una solución.
EL CALVARIO DE QUITO
Manuel fue condenado a ocho años de cárcel en 2012 después de ser descubierto tratando de volver a España con 451,22 gramos de droga. No obstante, con la reforma del Código Penal ecuatoriano, su pena pasaría a ser de entre uno y tres años por lo que debería estar en libertad. Fuentes conocedoras de su situación informan de que el último cálculo de pena de Manuel efectuado por Ecuador tras la reforma penal es de 240 días, es decir, menos de un año.
A sus espaldas ya lleva dos años cumplidos en uno de los centros penitenciarios más temidos de Ecuador, el llamado penal García Moreno de Quito, actualmente cerrado. "Recibíamos llamadas de madrugada donde otros presos nos ponían a mi hermano gritando y llorando al teléfono para que le escuchásemos y nos extorsionaban, decían que o les enviábamos dólares o le mataban. Y si avisábamos a la embajada, le cortaban la lengua 'por sapo' (chivato)", relata a Europa Press su hermana María.
Manuel dijo un día en casa que se iba a trabajar a Barcelona. Antes pasó por Madrid y a los pocos días llamó a su casa desde Venezuela. La siguiente noticia que tuvo su familia fue a través de una llamada de la Embajada española en Ecuador que avisaba de que Manuel estaba detenido en ese país. En su casa no sabían entonces que solía consumir cocaína los fines de semana, ni que empezó a deber dinero a unas personas. Para saldar su deuda le obligaron a ejercer de 'mula' y traer un cargamento de droga.
"SE ECHÓ ATRÁS, PERO NO LE DEJARON"
"Cuando llegó allí se quiso echar a atrás, pero ya no le dejaron. Tenía sólo 19 años y nunca había salido de casa". Se tragó 450 gramos de cocaína distribuidas en diversas cápsulas y la Policía le detectó fácilmente en el aeropuerto. Lo que sigue es un calvario de dos años en los que ha habido abusos, palizas, vejaciones, hambre, frío... "Mide 1,86 y vino pesando 56 kilos y con un corte de machete en una pierna del tobillo a la rodilla. Se lo hicieron para quitarle unas míseras zapatillas que le habíamos mandado", añade su hermana.
En cifras, la familia se gastó en dos años cerca de 12.000 euros. "Todo lo que quisieras te lo tenías que pagar. Mandábamos 60 dólares todos los meses para pagar a un hombre para que no pegasen a mi hermano. Se lo mandábamos a su mujer a través de Western Union. Allí las celdas son propiedad de un preso y tienes que pagar por que te dejen una esquina para dormir", relata.
"SE DESPIERTA GRITANDO"
"Manuel --actualmente en la cárcel coruñesa de Teixeiro-- se despierta por la noche pensando que aún está en Ecuador, tiene miedo a hablar porque piensa que aún le pueden castigar", lamenta su hermana quien no evita censurar a Instituciones Penitenciarias por rechazarle un permiso extraordinario de salida para pasar la pasada Navidad en casa. De hecho, la petición inicial de la familia era que a José Manuel le otorgasen un tercer grado penitenciario, pero Prisiones se opuso al igual que la Fiscalía.
Como Manuel, también saldrá de prisión Miguel Ángel, a quien el juez sí le concede el tercer grado --también en contra del criterio de Prisiones y la Fiscalía--. En su caso accede a esta graduación porque en tres meses ya podrá optar a la libertad condicional. Fue condenado en marzo de 2011 a otros ocho años y actualmente se encuentra preso en la cárcel de Zuera (Zaragoza).
Lleva por tanto más de cuatro años de cárcel por una cantidad de droga incautada que tras la reforma le supondría una pena de entre uno y tres años. El juez destaca la buena conducta mostrada en prisión así como el apoyo de su pareja. Los mismos argumentos alega el juez para dictar la excarcelación de una tercera persona, una mujer bajo la mismas circunstancias.
Esta vía puede abrir un camino para desbloquear la situación, aunque las fuentes consultadas advierten de que se trata de casos individualizados. Según dicen es preciso estudiar cada expediente por lo que no se puede establecer una doctrina general para todos.
En total, incluyendo a los que aún tiene condena pendiente por cumplir, son unos 200 los españoles en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas (el 15% son mujeres). La mitad se encuentra en cárceles de Ecuador y la otra mitad ya han sido trasladados a prisiones españolas.