Actualizado 22/08/2015 12:47

La compra y uso de armamento deberá ser justificada ante la Comisión de DDHH

   MÉXICO DF, 21 Ago. (Notimérica) -

   México deberá proporcionar datos sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas con cada una de armas importadas para poder comprar armamento en el exterior y así cumplir con la firma del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, cuya primera conferencia se celebrará a finales de este mes en la ciudad de Cancún (estado de Quintana Roo).

   El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas(ATT, por sus siglas en inglés), ratificado por México en septiembre pasado, establece que antes de que se produzca una transferencia de armas, el Gobierno proveedor debe evaluar si hay riesgo de que las armas utilizadas sean empleadas para atentar contra la sociedad civil, cometer genocidio o menoscabar la paz. El informe que se presente, con datos sobre la exportación e importación, también debe incluir los hechos en los que hayan intervenido las fuerzas armadas como los presuntos criminales.

   Datos de la Secretaria de la Defensa Nacional indican que en los últimos ocho años, fuerzas policíacas de México han perdido más de 15.000 armas de fuego, desde pistolas y revólveres hasta fusiles de alto poder, como los más de 4.700 fusiles G-36 que la empresa alemana Heckler&Koch exportó ilegalmente a los estados de Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

   La Comisión Nacional de Seguridad, según reveló el portal Animal Político, afirmó que las fuerzas de seguridad son indirectamente una de las principales fuentes de armamento para los delincuentes, tras el mercado negro de Estados Unidos.

   Amnistía Internacional ha solicitado recientemente al Gobierno de México que cumpla con los requisitos de este Tratado y no se convierta en mero promotor del mismo, lo que implicaría una mayor transparencia y esclarecimiento en los hechos del 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero, en el que se utilizaron los fusiles alemanes contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

   El artículo 11 del Tratado indica que cada Estado debe tomar medidas para evitar el desvío del armamento y para ello contar con un registro nacional de todo lo adquirido, donde se incluya la instancia responsable.

   Las armas deben registrarse, según los términos de este Tratado Internacional, en vehículos de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles y armas pequeñas y ligeras.

   Este Tratado solo tiene injerencia en el mercado legal de armas y no sobre el tráfico de armamento.

   A este parecer, el Departamento de Comercio de Estados Unidos calcula que la corrupción en la industria armamentística representa el 50 por ciento de todas las transacciones mundiales ligadas a la corrupción. La corrupción y los sobornos generan unos elevados costes transaccionales y ocultos que, a menudo, representan un alto porcentaje del valor contractual total para las empresas, según recoge Transparency International.

   Los principales exportadores de armas son Alemania, España, Italia y Reino Unido y se encuentran entre los 72 firmantes de este tratado. Por contra, no ha sido ratificado por Estados Unidos, China, Canadá y Rusia.

   El Tratado para la Prohibición de Minas Antipersonas tampoco fue reconocido por Estados Unidos, China, la India y Rusia, no obstante logró reducir el número de víctimas por minas antipersona en más de dos tercios y eliminar casi por completo su comercio.

   El próximo 24 de agosto, México será la sede de la primera Conferencia de los Estados Parte de este Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que se intentará lograr la mayor participación entre los estados y la sociedad civil para garantizar que el tratado se implemente de forma adecuada y ponga fin al comercio irresponsable de armas.