24 de diciembre de 2018

La Corte IDH responsabiliza al Gobierno mexicano de la violación de DDHH de 11 mujeres en 2006

La Corte IDH responsabiliza al Gobierno mexicano de la violación de DDHH de 11 mujeres en 2006
REUTERS / JUAN CARLOS ULATE

CIUDAD DE MÉXICO, 24 Dic. (Notimérica) -

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró el pasado viernes al Estado mexicano responsable de graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres en la comunidad de San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.

"El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas", señaló la Corte en el resumen de su sentencia.

La Corte IDH notificó la sentencia adoptada el pasado 28 de noviembre en la que declara al Gobierno mexicano como responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por estas mujeres hace 12 años.

Los hechos se produjeron el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, cuando el ahora expresidente de México Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo policial de 700 miembros de la extinta Policía Federal Preventiva y de 1.815 agentes municipales para replegar a manifestantes, entre ellos mujeres, niños y ancianos.

La Corte concluyó que el uso indiscriminado de la fuerza del Estado fue resultado de la ausencia de una regulación adecuada, "una falta de capacitación de los agentes, supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos (manifestantes) justificaba el uso de la fuerza contra todos", indica la sentencia.

Además, la Corte confirmó que no se investigó, ni juzgó y ni sancionó a todas las personas responsables del operativo, a nivel material e intelectual. Ante esto, ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.

En cuanto a la violencia sexual como práctica represiva, este organismo ordena al Estado a "implementar medidas de atención a las mujeres y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca".

Por su parte, el Estado mexicano está obligado a cumplir todas las medidas ordenadas por la Corte porque sus sentencias son vinculantes para el país.

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