MADRID, 12 Mar. (Notimérica) -
La seguridad ciudadana es un determinante fundamental del bienestar de las comunidades. El importante crecimiento del delito y de la violencia en muchos países de Latinoamérica en los últimos años, llegándose a duplicar en algunos como El Salvador, México o Venezuela, no solo ha implicado altos costos económicos y sociales, sino que ha comprometido la gobernabilidad democrática y la legitimidad del Estado.
El último informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), titulado 'Por una América Latina más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito', propone un análisis de la inseguridad, desde una perspectiva en la que el delito es consecuencia de decisiones que toman individuos, aún en contextos adversos.
La tasa de homicidios en Latinoamérica ha tenido un promedio superior a la de todas las demás regiones del mundo en los últimos años, específicamente de casi 28 víctimas por cada 100.000 habitantes en el período comprendido entre 2009 y 2011. Este valor es más de 10 veces superior al promedio de Europa y Estados Unidos para el mismo período.
La región atraviesa "una crisis de proporciones epidémicas en la protección y garantía de sus derechos humanos fundamentales", por eso, hay que trabajar en las acciones para combatir el crimen, que involucran "un amplio espectro de dimensiones", que incluyen "la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, la infraestructura urbana, las regulaciones económicas, la policía, la justicia o las cárceles", según desarrolla el informe.
Lograr la seguridad ciudadana es esencial en las sociedades democráticas, ya que supone "una violación del derecho a la vida", y "una restricción a la libertad de circulación y de asociación". Las oportunidades para cometer un delito se ven afectadas por el funcionamiento del sistema de justicia criminal: la Policía, la fiscalía, las cortes y las cárceles. "Estas instituciones cumplen un rol clave en la reducción del crimen disuadiendo las conductas delictivas" e incapacitando a quienes infringen la ley por medio del encarcelamiento".
Uno de los grandes retos para mejorar la seguridad de la región es la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, la estrategia para erradicar las drogas "requiere una revisión del peso de las políticas dirigidas a la demanda, así como mayor colaboración internacional, en particular de los países consumidores".
LOS COSTOS DEL CRIMEN
El crimen y la violencia tienen altos costos para la sociedad, tanto directos como indirectos. Los costos directos incluyen "una menor esperanza de vida" y otras "consecuencias negativas del delito sobre la salud física y psicológica de las personas afectadas", además de "gastos públicos y privados asociados a la prevención y el control del delito", "el sistema de justicia penal y las cárceles" y "los bienes y las propiedades perdidas o destruidas a causa del crimen".
Los costos indirectos incluyen "los cambios de conductas que adoptan las personas para evitar el delito", como menos actividades de ocio o fuera del hogar, "los efectos sobre las decisiones de participación laboral e inversión en capital humano de las familias" y "las decisiones de inversión y producción de las empresas", así como "el impacto sobre la confianza entre los ciudadanos y por parte de los ciudadanos en el Gobierno y las instituciones".
Debido a la multiplicidad de formas en las que el delito y la violencia afectan al bienestar, es de esperar que tengan consecuencias cuantitativamente importantes "sobre el potencial de desarrollo de un país, especialmente en países con tasas de crimen tan altas como las de América Latina". Combatir el crimen es fundamental para el desarrollo futuro.