1 de agosto de 2008

Crónica México.- El sistema judicial mexicano no se preocupa por la seguridad de las mujeres maltratadas, según AI

((Noticia embargada hasta las 18:00 del viernes 1 de agosto))

Una de cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su pareja, aunque el 82 por ciento de las víctimas no lo denuncia

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Miles de mujeres mexicanas que sobreviven a la violencia en sus hogares corren peligro de sufrir nuevos abusos a manos de un sistema judicial que no se preocupa seriamente por su seguridad, según un informe de la organización defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) publicado hoy.

El informe de AI explora los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas cuando tratan de denunciar casos de violencia doméstica, como la negativa de los funcionarios a aceptar las denuncias, las deficientes investigaciones y el escaso cumplimiento de las medidas de protección.

Según la organización, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en México es endémica. El informe detalla que, según las cifras de un estudio nacional realizado en 2006, una de cada cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su pareja, aunque el 82 por ciento de las víctimas no lo denuncia.

Este informe, titulado 'La lucha de las mujeres en materia de seguridad y justicia: Violencia familiar en México', se publica 18 meses después de que México aprobara una ley para combatir la violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces, muchos estados han aprobado una legislación similar, aunque AI denuncia que aún no se han tomado medidas concretas.

"Hace más de un año, México dio un paso adelante al aprobar una nueva ley para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero una ley no impide que las mujeres sufran palizas, violación y abusos a menos que se aplique rigurosamente tanto en el ámbito federal como en el estatal", manifestó la directora adjunta del Programa para América de AI, Kerrie Howard.

Las mujeres que encuentran el valor para denunciar los abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que demostrar que son víctimas de violencia y, en muchos casos, los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mismas las citaciones a su agresor, según AI. "Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denuncias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a mecanismos de protección efectivos, como los de los refugios", añadió Howard.

LAS INVESTIGACIONES ACTUALES NO SON SUFICIENTES

En el informe se detallan las investigaciones y condenas relacionadas con la violencia contra las mujeres, AI detalla que en el año 2005 en Ciudad Juárez, los investigadores del Gobierno federal identificaron a 117 funcionarios locales como posibles causantes de negligencia en las investigaciones sobre el asesinato de 300 mujeres a lo largo de diez años, aunque a ninguno de los implicados se les ha acusado formalmente.

AI también explica que en Chiapas el 90 por ciento de las denuncias de violencia contra las mujeres se derivan a procesos de conciliación, ya que los funcionarios concluyen que las lesiones de la víctima no son lo suficientemente graves o que ésta no está decidida a seguir adelante con el procesamiento, a la vez que pone de relieve que en todo México sólo hay 60 refugios, de los cuales 36 están gestionados por organizaciones de la sociedad civil y el resto por autoridades estatales o municipales.

La organización pone de relieve el caso de Marcela, que fue apuñalada por su ex marido el 31 de agosto de 2005, hecho que tuvo como consecuencia la parálisis de Marcela durante cuatro meses. AI explica que presentó más de diez denuncias ante el Ministerio Público por los abusos que sufría, aunque en todas las ocasiones se le aconsejó que resolviera el problema directamente con su pareja. Según la víctima, en una ocasión le recomendaron que debería denunciar con las lesiones producidas, cuando le dijeron que "cuando vengas con un moratón, levantaremos la denuncia". Tras el apuñalamiento, el ex esposo de Marcela fue juzgado por intento de asesinato y condenado a diez años de prisión, aunque ha apelado la duración de la condena, por lo que la víctima teme que, cuando quede en libertad, la encuentre y pueda volver a agredirla.

Por esto, AI pide a las autoridades federales y estatales mexicanas en este informe que apliquen la legislación de 2007 para proteger a las mujeres frente a la violencia e inviertan los fondos necesarios para ponerla en práctica, así como que investiguen y tomen medidas concretas para abordar los obstáculos identificados por esas investigaciones y que hagan públicas las conclusiones de por qué el país cuenta con unos índices bajos de denuncia, enjuiciamiento y condena de la violencia contra las mujeres.