Ecologistas advierten de que reforzarán las protestas contra la planta de celulosa
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este martes un fallo que condena a Montevideo por haber violado un tratado bilateral al permitir la instalación de la planta de celulosa UPM (antes Botnia), aunque tampoco da la razón Argentina que alegó que la papelera contamina el río Uruguay que atraviesa ambos países.
Esto quiere decir que la 'pastera' podrá continuar sus actividades en la localidad uruguaya de Fray Bentos, con lo que Buenos Aires ve frustrado el objetivo de su demanda presentada en 2006 de desmantelar esta papelera que desde el año 2003 mantiene a ambos países en un intenso conflicto diplomático.
El extenso fallo, leído este martes por el magistrado eslovaco Peter Tomka, establece que la CIJ "no es el ámbito de aplicación" de las demandas presentadas por Argentina por la supuesta contaminación "sonora y visual", los "malos olores" y el impacto que tiene la papelera sobre el turismo.
"Contrariamente a lo que afirma Argentina la contaminación sonora y visual no puede probarse", sentenció el magistrado, al destacar que "no hay relación directa entre la instalación de la pastera y el cambio climático en el río alegado por Argentina".
Los magistrados dictaminaron, por 11 votos a favor y tres en contra, que no se han encontrado pruebas sobre los supuestos efectos contaminantes de la planta de celulosa y, por tanto, "no hay motivo para ordenar el cese" ni "el desmantelamiento" de la fábrica.
La Corte también determinó que los niveles de sustancias vertidas por la planta a las aguas del río Uruguay son "insignificantes" si se comparan con los desechos que arrojan otras fábricas a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
Tomka también aclaró que "ningún artículo" del Tratado del Río Uruguay aborda el tema de los malos olores y, en consecuencia, ese punto de la demanda no es de competencia de la CIJ.
"No hay evidencia que apoye el alegato argentino de que la planta de Botnia no cumple con las mejores tecnologías en términos de efluentes para cada tonelada de celulosa que produce", añade el fallo que establece que no habrá compensaciones económicas para Buenos Aires.
La CIJ, por otra parte, mencionó en el fallo lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice la protección del río y de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico" del río debe ser asumido por ambas partes que tienen la "obligación de coordinar estas acciones toma un rol central y es importante que ambas partes respeten esta norma", establece la sentencia.
TRATADO INCUMPLIDO
El otro punto álgido de la sentencia es la decisión de los jueces de condenar a Montevideo por haber incumplido el Tratado del río Uruguay, suscrito con Argentina, al permitir la instalación de Botnia en la zona fronteriza sin informar ni negociar con el Gobierno vecino.
Tomka indicó que "Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7" del tratado firmado en 1975 por ambas naciones al no notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que decidiera "si el proyecto puede traer perjuicios", tal y como lo establece "el segundo apartado del artículo 7".
"El tercer apartado establece la obligación de notificar y, según esta Corte, así se crean las condiciones de cooperación entre las partes y negociar las modificaciones para prevenir los prejuicios", reza el fallo.
La CIJ consideró, por 13 votos a favor y uno en contra, que Montevideo "no respetó la obligación de negociar prevista en el artículo 12 del Estatuto del Río Uruguay" y "desconoció los mecanismos de cooperación previstos" en ese tratado firmado en 1975.
"Al autorizar la construcción de la planta y del puerto antes del fin de la negociación, no respetó la obligación de negociar prevista en el artículo 12 del Estatuto y desconoció los mecanismos de cooperación previstos", plantea la resolución.
REACCIONES
Los asesores legales del Ministerio de Exteriores argentino dijeron este martes que el fallo de la CIJ se ajusta a la posición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que por tanto Buenos Aires se siente "satisfecha" con la resolución emitida.
"La Corte ha dicho que Uruguay cometió tres violaciones al estatuto porque no informó a Argentina sobre Botnia, sobre Ence y sobre el puerto de Botnia", dijo a la prensa la asesora legal de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerruti.
El "incumplimiento" del Tratado del Río Uruguay por parte de Montevideo es lo que ha llevado a Argentina a presentar una denuncia ante la CIJ, recordó Ruiz Cerruti, al aplaudir que esta "violación" haya sido sentenciada por el tribunal.
Horas después de conocer la sentencia, el ministro de Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, insistió en que "hay tranquilidad" en el seno del Gobierno uruguayo. "Estábamos tranquilos antes del fallo y seguimos tranquilos. Es momento de plantearnos los trabajos conjuntos", añadió.
"La sentencia, luego de un profundo análisis, concluyó que los estándares están acordes a los parámetros de excelencia que Uruguay se impuso", acotó Almagro en lo que ha sido el primer pronunciamiento sobre la sentencia por parte del Gobierno de José Mujica.
Asimismo, Almagro anunció que en las próximas horas se pondrá en contacto con su par argentino, Jorge Taiana, para acordar un encuentro presidencial con el propósito de evaluar de forma conjunta el fallo.
SE MANTIENEN LAS PROTESTAS
La condena de la CIJ a Montevideo no contentó a los ecologistas y vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que lloraron y estallaron en cólera al conocer que el fallo permitirá a Botnia seguir operando cerca del río Uruguay.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, promotora de las manifestaciones, ha emitido su primer comunicado rechazando el dictamen de La Haya y reiterando la "ilegalidad" de la papelera, al tiempo que advierten de que no levantarán el bloqueo del puente que une ambos países.
Vecinos y activistas argentinos decidieron el 20 de noviembre de 2006 poner un candado al portón que permite el acceso al Puente Internacional General San Martín impidiendo la salida de vehículos desde Gualeguaychú hacia Uruguay y el ingreso a Argentina de los coches provenientes desde Fray Bentos.
Este cierre ha generado serios problemas de transporte, especialmente, a los comerciantes que desde hace más de tres años han tenido que utilizar la ruta más larga para poder transportar mercancía entre los dos países que mantienen importantes intercambios comerciales.
"Continuaremos la lucha para demostrar que Botnia contamina, y que su ilegalidad es suficiente para que se vaya de la cuenca del río Uruguay", señala el comunicado divulgado por los medios argentinos.
Los ecologistas alegan que la planta es altamente contaminante y que es perjudicial para el río que atraviesa ambos países, visión que es compartida por el Gobierno argentino que abogó en todo momento por el desmantelamiento de la llamada 'pastera'.
La finlandesa UPM, que se hizo cargo de Botnia en 2009, produce un millón de toneladas anuales de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto en su planta de Fray Bentos.
La producción se transporta en barcazas desde la fábrica a través del río Uruguay hasta el puerto de Nueva Palmira, en el sur del país. Desde allí, la mercancía es colocada en buques transatlánticos con destino a Europa y Asia.