LONDRES, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Amnistía Internacional expresó hoy su preocupación por las violaciones de Derechos Humanos en Cuba, la situación de al menos 67 prisioneros de conciencia, las duras restricciones a la libertad de expresión y de asociación, el aumento durante el pasado año de los actos de hostigamiento e intimidación contra periodistas y bibliotecarios independientes. Además, criticóel "impacto negativo" del embargo de Estados Unidos contra la isla.
En Cuba, todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales están bajo el control del Estado, y el acceso a Internet está gravemente limitado fuera de las oficinas gubernamentales y las instituciones educativas. Además, los disidentes y detractores del régimen, incluidos periodistas, son a menudo encarcelados y privados de libertad algunos bajo la acusación de "peligrosidad predelictiva".
Según un comunicado de prensa de Amnistía Internacional dado a conocer en Londres, durante el pasado año se observó un aumento de los actos de hostigamiento y de intimidación contra periodistas y bibliotecarios independientes. Además, recordó que entre enero y agosto el periodista Guillermo Fariñas protagonizó una huelga de hambre intermitente para obtener acceso a Internet y, pese a los intentos, finalmente no lo consiguió.
Otro caso es el de Armando Betancourt Reina, periodista autónomo, detenido el 23 de mayo cuando tomaba notas y fotografías de unos desalojos de viviendas en Camagüey. Se lo acusó de alterar el orden público y según la información recibida por AI, estuvo una semana recluido en régimen de incomunicación en la comisaría de policía antes de su traslado a la prisión de Cerámica Roja, en Camagüey.
PRESOS DE CONCIENCIA
Por otro lado, AI se refirió a los al menos 67 prisioneros de conciencia que permanecen privados de libertad en cárceles de toda Cuba tras haber sido juzgados sin las garantías que exigen las normas internacionales. De hecho, la organización asegura que está estudiando en la actualidad decenas de casos de presos que también podrían ser considerados presos de conciencia.
Tampoco se olvidó de trece personas que están cumpliendo pena fuera de la cárcel debido a problemas de salud, bajo la licencia extrapenal, y el caso de Orlando Zapata Tamayo, puesto en libertad el año pasado después de que hubiese detenido en La Habana el 20 de marzo de 2003 cuando participaba en una huelga de hambre en la Fundación Jesús Yánez Pelletier para reclamar la liberación de Oscar Biscet y otros presos políticos.
Zapata fue condenado a tres años de cárcel en 2003 por "desprecio a la figura de Fidel Castro", "desorden público" y "resistencia". En noviembre de 2005 le fueron impuestos otros 15 años por "desacato" y "resistencia" en la cárcel. Finalmente, en mayo fue enjuiciado de nuevo por los mismos cargos y condenado a una pena adicional de siete años. Actualmente cumple una pena de 25 años y seis meses de cárcel.
Amnistía Internacional también denunció que recibe prácticamente a diario informes de disidentes políticos, periodistas independientes y detractores que están siendo detenidos por participar en actividades disidentes o informar sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba y enviados a prisión, donde se encuentran en espera de juicio. En algunos casos tienen que esperar durante meses e incluso años, mientras que en otros son juzgados y condenados al cabo de unos días.
"PELIGROSIDAD SOCIAL"
El preso de conciencia Julio César López Rodríguez, vicepresidente del Frente Línea Dura y director de una biblioteca independiente, fue detenido el 22 de julio de 2005 cuando trataba de participar en una manifestación pacífica ante la Embajada de Francia. Lleva muchos años haciendo campaña en favor de la reforma política y la defensa de los derechos humanos, y en su biblioteca albergaba libros contra el totalitarismo. Está privado de libertad sin cargos ni juicio.
Ootros disidentes políticos y detractores a menudo son condenados por un delito de "peligrosidad social", una medida preventiva definida como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos", que persigue toda conducta contraria a la "moral socialista", como "embriaguez", "drogadicción" y "conducta antisocial", aunque se aplica a disidentes políticos, periodistas independientes y detractores.
Las personas juzgadas por "peligrosidad" son condenadas a penas de hasta cuatro años de cárcel pese a que la ley dispone el tratamiento terapéutico, la reeducación o la vigilancia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Alexander Santos Hernández, coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental (ADO) fue detenido el 5 de junio de 2006 y condenado en juicio sumario a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social".
Por otro lado, recordó que Cuba mantiene la pena de muerte para delitos muy graves, como los actos de terrorismo, y en los últimos años sólo se ha aplicado en contadas ocasiones. La última ejecución de que se tuvo noticia fue en abril de 2003, cuando tres jóvenes fueron condenados a muerte por el secuestro de un barco para huir de la isla. Además, según la información de que dispone AI, actualmente hay en toda Cuba unas 40 personas condenadas a muerte.
CONSECUENCIAS DEL EMBARGO
Por otro lado, AI ha pedido el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba, ya que perjudica gravemente la capacidad de la población cubana para disfrutar toda una gama de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, la salud y a unas condiciones higiénicas, lo cual afecta en particular a los sectores de población más débiles y expuestos.
En este sentido, recuerda que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la disponibilidad de medicamentos y material médico básico ha descendido en Cuba a causa del embargo impuesto por Estados Unidos a la isla1.
Por último, Amnistía Internacional insiste en considerar que el embargo estadounidense ha menoscabado la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos y limitado las reunificaciones familiares.