BOGOTÁ, 29 Dic. (Colprensa/Notimérica) -
Los presos de las cárceles colombianas de San Andrés, El Bosque en Barranquilla, Magangué, Malambo y Sabanalarga no tendrían asegurada su alimentación debido a presuntas irregularidades en un proceso contractual, por lo que la empresa encargada de suministrar los alimentos no habría dotado las instalaciones con los elementos necesarios.
El contrato, que tiene como objeto suministrar los alimentos a los reclusos, es muy disputado en el país, ya que la suma asciende a casi 5.000 millones de pesos (más de dos millones de dólares). Esta adjudicación que se entrega a 30 empresas para cubrir la necesidad en distintas zonas del país, presenta al parecer una irregularidad en esas cinco cárceles.
Según ha denunciado el director de la organización no gubernamental Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RED VER), Pablo Bustos, la empresa Alianza QTC "ganó la licitación de forma dudosa", que fue abierta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, adscrita al Ministerio de Justicia.
Esta empresa debió presentar certificaciones de experiencia en el tema pero "llegaron a última hora" y no se presentó la verificación y "aún así fueron aceptadas", por lo que "como consecuencia de la improvisación hay unos problemas, ya está firmado el contrato y no se ha provisto la infraestructura para preparar los alimentos en los centros carcelarios", ha añadido Bustos.
Hasta este domingo estos centros carcelarios no habían sido dotados de cocinas, estufas, ollas, lavaplatos, entre otros, para que se pudieran elaborar los alimentos de los reclusos.
La empresa Servicios y Suministros CJVN SAS que tenía el contrato, según la denuncia, retiró su infraestructura aunque al parecer también hubo problemas, pues en la cárcel de San Andrés les habrían prohibido la entrada, según ha informado la representante de la firma, Alejandra Vega.
Entre las irregularidades denunciadas por la Red de Veedurías está una certificación que la empresa presentó por servicios prestados a 3.500 empleados, que incluía el suministro de alimentos. Sin embargo, en las declaraciones no aparecerían los aportes de honorarios. El contrato, que ya empezó a regir y tiene una vigencia de 11 meses, debe cumplir con brindar los suministros alimenticios a los cientos de presos que se encuentran en estas cárceles.
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