QUITO, 15 Jul. (Notimérica) -
Las autoridades ecuatorianas han trabajado durante año y medio para expulsar a los 10.000 mineros ilegales que se establecieron en La Joroba, monte de minas en la población de La Merced de Buenos Aires, en la provincia norteña de Imbabura, han llevado a cabo una operación en la que se ha desmantelado la actividad minera ilegal.
Desde finales de 2017, grupos armados ejercían el control de la zona y explotaban los recursos subterráneos que convertían en barras de oro para exportar a Colombia y Perú. La infraestructura necesaria para esta actividad ilegal se ha ido construyendo poco a poco con la participación de ciudadanos ecuatorianos que llegaban de todas partes para instalar allí sus negocios.
El material era transportado a las provincias de El Oro y Azuay donde se transformaba en barras para su exportación, para lo que se servían de millones de dólares en sobornos a agentes de las fuerzas del orden, entre 30.000 y 40.000 dólares por cada camión.
Tras ser expulsados de La Merced, los mineros han comenzado las protestas para exigir que se les permita volver a esa región. Pero la ministra de Gobierno, María Paula Romo ha asegurado que tendrán mano dura ante este tipo de actividades. De hecho la mayoría del material ha sido incautado y destruido por la Agencia de Regulación y Control Minero.
Los grupos armados que ejercían el control en la zona también realizaban otras actividades delictivas como la trata de personas o el tráfico de drogas. En el operativo para desmantelar el proceso de extracción se detuvieron a 33 personas, aunque los cabecillas armados huyeron por la montaña.
La ley ecuatoriana establece que los delitos por minería ilegal supondrán la privación de la libertad entre cinco y siete años, aunque si de las tareas mineras se deriva perjuicio del medioambiente, la pena se endurece hasta los diez años.
En Ecuador existen más de 500 asentamientos de minería sin regularizar y 166 de ellos son considerados de alta conflictividad. La devastación de los bosques, contaminación del agua y del aire y los efectos en la salud de la población, de la fauna y de la flora que suelen provocar estas actividades, han hecho que las comunidades indígenas y organizaciones protectoras de los ecosistemas interpongan numerosas quejas y denuncias.