Publicado 07/04/2016 17:52

Destapan en Colombia al 'cártel del papel higiénico'

Papel
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   BOGOTÁ, 7 Abr. (Notimérica) -

   En noviembre de 2014 comenzó una investigación que ha terminando sacando la luz un entramado empresarial protagonizado por las principales firmas de papel higiénico, las cuales alcanzaron unos acuerdos para fijar los precios de sus productos y, de esa forma, obligar a los colombianos a pagar más por cada uno de ellos.

   El caso fue hecho público hace más de un año y en él se vieron involucradas las empresas Kimberly Colpapel S.A., Productos Familia S.A., Papeles Nacionales S.A., Cartones y Papeles del Risaralda y Drypers Andina S.A., al igual que 42 ejecutivos de las mismas.

   El cártel empresarial colombiano comenzó a tomar forma en el 1998, pero no fue hasta el año 2000 que adoptó una forma concreta. Un documento de 277 páginas, redactado por el grupo de trabajo para la Protección y Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), detalla que fue evidente "un acuerdo restrictivo duradero y permanente entre los investigados durante los años 2000 a 2013.

   En las más de 200 páginas aparece, por ejemplo, la declaración de Luis Fernando Palacio González, quien fuera gerente de Kimberly para la región andina y quien participó en el acuerdo durante todo el tiempo de su existencia, según desvela el diario 'El Espectador'.

   Palacio reveló: "Desde el año 2000 empezamos nosotros a tener reuniones frecuentes con la competencia. Frecuentes es que las hacíamos una o dos veces al año y establecíamos un alza de precios que iba para el año siguiente como tal. Esas reuniones se efectuaban normalmente a finales de año, ahí fijábamos un porcentaje de alza en términos generales".

   También aparecen los correos que intercambiaban los implicados y que resultaron determinantes. Por ejemplo, uno de María Carolina Arenas, quien era la gerente de la División Institucional de Familia, dirigido a Jaime Ignacio López, entonces gerente nacional de ventas de KCP de Kimberly.

   En él se lee: "Al 1 de septiembre, los compromisos a seguir son: higiénico blanco 26.500 dólares, higiénico natural 14.500 dólares, servilleta cuadrada 24.500 dólares, servilleta partida 24.000 dólares...". Para la SIC, este correo evidencia que en el marco del acuerdo permanente, los participantes adquirían "verdaderos compromisos" que estaban llamados a cumplir.

   Tras las investigaciones, la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia recomendó a la SIC sancionar a Kimberly, Familia, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales. De ellos, Kimberly podría ser sancionado pero exonerado.

   De los 42 ejecutivos involucrados, se pide sanción para 21 de ellos, mientras que para la otra mitad se propone que sean absueltos porque caducaron las acciones pertinentes o porque se les considera inocentes.

   Las sanciones a las empresas implicadas podrían llegar a los más de 22 millones de dólares, una cantidad mínima si la comparamos con las multas impuestas países a sociedades similares en otros.

   En Alemania las multas por el cartel de la salchicha llegaron a 384 millones de dólares; en España por el cartel de la leche fueron de cerca de 100 millones, y por la recolección de basuras de 112 millones en el mismo país; en Estados Unidos, por manipular la tasa de cambio la multa llegó a los 2.500 millones de dólares.

LA REVELACIÓN

   El 24 de noviembre de 2014, los principales agentes del negocio del papel higiénico y otros papeles suaves --como se conocen en el argot comercial-- en Colombia se veían implicados en un escándalo que sacudió a la industria nacional.

   Por ello, la SIC les formuló pliego a las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales, Papeles de Risaralda y Drypers Andina a y los 42 ejecutivos por la conformación de un presunto cartel empresarial con el fin de fijar los precios de varios productos de la industria.

   La investigación cobró aún más peso cuando se reveló que entre esas cinco empresas aglomeraban el 88 por ciento del mercado de los papeles suaves y que eran dueñas de las marcas más consumidas por los colombianos: Familia, Kleenex, Scott, Regio, Lilolá, Súper Suplex, Suave, Rosal, Favorito, Joya, Sedita, Súper Blanko, Súper Ola, Súper Popular, Ritz, Popular, Primor, Noble y Elite.

   Un año y cuatro meses después, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, entregó un informe motivado a su homólogo de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, para que éste último sancionara a cuatro de ellas (todas menos Drypers Andina).

   Ahora, con informe motivado, que fue enviado ayer a los implicados y sus empresas, se dispone de 20 días para que todos los investigados se pronuncien. Una vez pasado el plazo, Robledo se reunirá con el consejo asesor de competencia para tomar una decisión al respecto, como tarde, a comienzos de junio.

EL CASO KIMBERLY

   Pero entre el cartel, tres de las empresas delataron, siendo éstas (en orden) Kimberly, Familia y Cartones y Papeles de Risaralda. De acuerdo a la ley, un delator a quien hace parte del cartel, confiesa su condición de cartelista y aporta conversaciones, correos, testimonios que representan un plus probatorio para el caso.

   De este modo, al primero se le puede exonerar del 100 por ciento de la sanción, en este caso al segundo se le rebajaría a la mitad, y el tercero un percibiría una reducción del 30 por ciento. Así, Kimberly, que fue el primero en aportar pruebas, podría librarse de la sanción.

   En cuanto a las personas naturales, quienes trabajen para los delatores, si colaboran, se benefician de algo llamado efecto sombrilla, que en este caso serían los del primer delator y los del tercero.

   Pero cabe mencionar que contra Kimberly, Familia y Drypers, la SIC ya había formulado pliego de cargos por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, en aquella ocasión por cuenta de la participación en acuerdos anticompetitivos con el fin de fijar los precios de los pañales desechables para bebé.

   Añadir que el 27 de febrero del año pasado, el mismo ente de control inició investigación contra, nuevamente, Kimberly, Carvajal y Scribe, pero en esta ocasión por lo que se consideró la cartelización para fijar los precios de los cuadernos.

   De este modo, se ha podido observar que Kimberly Colpapel S.A. es el común denominador de las tres investigaciones, es la sociedad que más altos funcionarios implicados tiene en el escándalo y, al ser el primer delator del caso del papel higiénico, se convierte en el gran interesado en destapar el caso.