Las personas discapacitadas que protestan en La Paz, Bolivia, han accedido a levantar la vigilia que mantenían en la plaza Murillo tras unas primeras negociaciones con el Gobierno aunque han asegurado que seguirán presionando para mejorar las ayudas que reciben
Más de 500 personas con discapacidad llegaron el pasado 25 de abril a La Paz, tras un mes de marcha que tenía como objetivo reunirse con el presidente, Evo Morales, principalmente para sustituir la ayuda anual de 1.000 bolivianos (alrededor de 129 euros) por una ayuda mensual de 500 bolivianos (64 euros).
Algunos de los manifestantes se instalaron en la plaza Murillo, donde se encuentran algunos de los principales edificios del Gobierno, y estas acampadas han provocado algunos enfrentamientos entre discapacitados y Policía, llevando a las fuerzas de seguridad a usar cañones de agua y gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes.
Alegando motivos de seguridad, las autoridades bolivianas llegaron a cercar la zona con vallas metálicas que ya han sido retiradas de cara a la fiesta de La Paz que se celebrará el próximo 16 de julio.
Tras la mediación del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, en las negociaciones entre el Gobierno y los discapacitados que se han producido a lo largo de esta semana, las personas que seguían en la acampada han accedido a levantarla, aunque han asegurado que ello no significa que estén dejando de lado la petición de aumentar la ayuda mensual, según ha informado el periódico boliviano 'La Razón'.
Según ha asegurado la portavoz de las movilizaciones, Rosemary Guarite, para que se haga efectivo el levantamiento de la acampada aún hace falta que las bases lo aprueben. "Tenemos la tarea de hablar con las bases. Previo acuerdo con las bases, nos vamos a mover", ha asegurado. "Seguimos firmes en nuestro pedido de renta, pero si no es ahora después será", ha añadido.
En abril, el Gobierno llegó a un acuerdo con distintas asociaciones de discapacitados que no habían participado en las protestas y se comprometió a distintas medidas como la de permitir que los discapacitados puedan acceder a trabajos en la administración pública, algo que los manifestantes han considerado como algo positivo pero insuficiente.
Las autoridades de Bolivia han mostrado su disposición para dialogar, pero han asegurado que la principal petición de los discapacitados en vigilia, las ayudas mensuales, es imposible de llevar a cabo ya que superaría incluso a algunas transferencias que reciben varias gobernaciones de la administración central.
A principios de mayo Morales denunció que la protesta se debía a intereses políticos y acusó a los manifestantes de golpistas debido a la violencia de los enfrentamientos con la Policía y a la cercanía de éstos a las instituciones gubernamentales.