QUITO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Brasil enviará una delegación a la Amazonía ecuatoriana para constatar los daños causados por la petrolera estadounidense Chevron en este paraje natural, según ha informado la agencia de noticias ANDES.
La delegación está formada por diputados y senadores, así como por destacadas figuras de la sociedad brasileña como los teólogos Leonardo Boff y Frei Betto, el sociólogo Emir Sader, el periodista Beto Almeida, el escritor Fernando Morais y la cantante Beth Carvalho.
El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, solicitó ayer el respaldo de la comunidad internacional para que se constituyan comités de apoyo al país andino en el caso Chevron, como ya se ha hecho en más de 20 naciones de todo el mundo.
"Las condiciones de esta lucha son desiguales. El Gobierno de Ecuador no tiene los recursos para emprender la campaña multimillonaria que ha emprendido Chevron; no tiene la influencia en los medios de comunicación internacionales que tiene Chevron", explicó desde Madrid.
"Por eso, tenemos que cobijarnos en nuestros amigos en el mundo para que no tengamos la posibilidad de enfrentarnos solos a esto", insistió, recordando que el resultado del caso Chevron sentará un precedente internacional.
Patiño argumentó que, aunque "el Gobierno de Ecuador emprende todas sus luchas con el arma más letal: la verdad", con el apoyo, "con la exigencia", de la comunidad internacional hay muchas más posibilidades de éxito.
Sin embargo, aclaró que Ecuador "lo va a enfrentar" de todas formas. "Porque --como dijo el presidente Correa-- se equivocaron de país: a otro lo doblegarían, pero a Ecuador no. Tenemos un Gobierno que es indoblegable", sostuvo.
CASO CHEVRON
El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.
Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medio ambiente y a la salud pública.
En el primer asalto judicial, un tribunal ecuatoriano condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares (13.732 millones de euros) que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000 (14.335).
Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.
Además, en 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TAP) argumentando que Ecuador no ha respetado el tratado con Estados Unidos para la Protección de las Inversiones, firmado en 1993, pero vigente desde 1998, es decir cinco años después de la salida de Chevron del país.