QUITO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Movimiento Popular Democrático (MPD) anunció el jueves, a través del diputado Luis Villacís, que denunciará penalmente a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador que dictaron el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el ex presidente de la República Jamil Mahuad (1998-2000) por delitos de corrupción y la absolución definitiva de la ex ministra de Economía Ana Lucía Armijos.
Tras afirmar que la conducta del Supremo en el caso provocó indignación en la ciudadanía, calificó el falló de "repudiable" porque --a su juicio-- evidencia que, además de la crisis económica que golpea a los ecuatorianos, existe "una crisis moral" en el país. Con esta decisión, el Supremo demostró "que no administra justicia, sino que encubre a Mahuad", acotó.
Villacís señaló que ese gobierno incurrió en actos de corrupción y "traicionó a la Patria" con la firma del Tratado de Paz de Itamaratí ,en octubre de 1998, y "se involucró" en la muerte de Jaime Hurtado González, según declaraciones recogidas por el diario digital 'Ecuadorinmediato' reseñadas por Europa Press.
Frente a este hecho, dijo, el Movimiento Popular Democrático enjuiciará penalmente a los jueces Oswaldo Castro y Luis Cañar, quienes dictaron el sobreseimiento provisional a favor del ex presidente y la absolución de la ex ministra de Economía Armijos.
El parlamentario señaló que este dictamen violenta los artículos 277 del Código Penal, que sanciona el prevaricato, y el 120 de la Constitución, que no exime de sus responsabilidades a ningún funcionario público.
Aseguró que presentará la denuncia ante la Fiscalía y ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que en sus investigaciones encontró presunciones de responsabilidad contra Mahuad como uno de los autores del "peculado bancario" que "legitimó el atraco en más de 8.000 millones de dólares, en perjuicio de miles de ecuatorianos".
Finalmente emplazó al ex mandatario a que se presente en el país "para que el pueblo haga justicia por sus propias manos", al tiempo que recalcó que este fallo atenta a la moral pública y al ordenamiento jurídico vigente en el país.