Publicado 08/01/2014 20:24

Ecuador pide la nulidad de los laudos parciales dictados por el TAP sobre el caso Chevron

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la campaña contra Chevron.
PRESIDENCIA DE ECUADOR/EP


QUITO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecuador ha presentado una solicitud de anulación de los laudos parciales dictados por el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) sobre el proceso incoado por la petrolera estadounidense Chevron contra el país andino por la supuesta violación de un tratado de inversiones.

La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador ha informado este miércoles de que ayer "presentó en La Haya una solicitud de anulación del laudo parcial sobre la Fase I de responsabilidad, emitido el 17 de septiembre de 2013".

La PGE ha indicado que "la solicitud de anulación también comprende los laudos interinos sobre medidas provisionales dictados por el TAP el 25 de enero y el 16 de febrero de 2012, así como el 7 de febrero de 2013; además del laudo interino sobre jurisdicción y admisibilidad del 27 de febrero de 2012".

Chevron acudió en 2006 al TPA para denunciar a Ecuador por la supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), firmado con Estados Unidos en 1993, pero que entró en vigor en 1997, cinco años después de que la petrolera estadounidense se fuera del país.

Ecuador ha alegado, en primer lugar, "la inexistencia de un convenio arbitral entre Ecuador y Chevron, razón por la cual el TAP no podía declararse competente, no solo por la ausencia de una inversión sino porque el TBI entró en vigor en 1997 y la petrolera compañía norteamericana cesó sus inversiones en el país en 1992".

"En segundo lugar, que los laudos interinos sobre medidas provisionales violaron el derecho público ecuatoriano al haber ordenado a Ecuador suspender la emisión y/o ejecución de la sentencia de Lago Agrio, contraviniendo el principio de separación de poderes".

Por último, ha señalado que "en el primer laudo parcial el TAP actuó con exceso de poder al resolver que los ciudadanos ecuatorianos no podían presentar reclamos ante la Justicia nacional sobre su derecho de vivir en un medio ambiente sano".

El procurador general, Diego García Carrión, ha considerado que esta solicitud de anulación "plantea serios y sólidos cuestionamientos de Ecuador a la competencia del TAP, que han sido desconocidos por éste en sus sucesivos laudos".

"Es evidente que la controversia no responde al ámbito de un arbitraje de inversión, por lo que el TAP ha rebasado los límites del Derecho Internacional al asumir una competencia que no tiene, lo que afectaría la validez de cualquier decisión", ha reiterado.

NULIDAD DEL PROCESO

El pasado 15 de noviembre, al PGE pidió al TAP que suspendiera el proceso argumentando que, con el fallo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que ratifica la condena a Chevron, pero reduce la cuantía de la indemnización, han cambiado "los presupuestos fácticos".

"Al cambiar estos presupuestos fácticos del reclamo presentado por Chevron en contra del Estado ecuatoriano, se ha vuelto inoficioso e irrelevante lo actuado hasta el momento dentro del arbitraje en marcha", dijo García Carrión.

Además, recordó que esto podía pasar, dado que la petrolera estadounidense inició el proceso en el TPA antes de agotar la jurisdicción ecuatoriana, puesto que todavía estaba pendiente el dictamen de la CNJ.

CASO CHEVRON

El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.

Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medio ambiente y a la salud pública.

En el primer asalto judicial, la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000.

En respuesta a un recurso de Chevron, la CNJ ratificó en 2013 el fallo de la Corte de Sucumbíos, pero redujo la indemnización a 8.646 millones de dólares, a los que hay que sumar un diez por ciento en cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental, porque en la legislación ecuatoriana no existe la figura de disculpas públicas.

Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.