VALENCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los padres de Nathaly Salazar, la valenciana de origen ecuatoriano de cuya desaparición en Cuzco se cumplieron dos años el pasado 2 de enero, viajan por quinta vez a Perú ante una citación judicial para poder actuar como acusación particular en la causa contra los dos detenidos que han admitido su responsabilidad en la desaparición de la joven, de 28 años.
Según ha informado la familia, el emplazamiento judicial se produce en medio de febrero que en Perú está establecido como de "vacaciones judiciales" y "alterando la decisión adoptada en la anterior vista judicial que había fechado para mediados de marzo el juicio definitivo contra los dos acusados de la desaparición y homicidio de Nathaly".
Los padres, Alexandra y Marcelo, se han dirigido a la Fiscal General de Perú en un "intento último y desesperado de obtener amparo ante el riesgo cierto de que la cita judicial enmascare una operación de conclusión anticipada" del caso sin consentimiento de la familia, que se siente "indefensa" porque sostiene que los culpables se están "riendo" de ellos.
En el texto, fechado en diciembre, le piden que "interceda" por la defensa de los derechos de su hija y para que la justicia "el 14 de febrero de 2020 aplique todo el peso de la ley, en base a los actos cometidos por los implicados y con la correspondiente ampliación de condena debido a los agravantes de robo y desaparición del cuerpo en la tipificación de homicidio calificado" y no culposo.
Nathaly Salazar desapareció en Cuzco tras contratar los servicios de una compañía para realizar el deporte de canopy o zip lineal, con el objetivo de contemplar el Valle Sagrado de los Incas. "Las investigaciones del caso de nuestra hija están llegando a su fin, pese a que no hemos encontrado el cuerpo, y lo único que nos queda es ir a juicio el día 14 de febrero" en Cuzco.
La familia señala que aunque hay dos detenidos, todavía no se han esclarecido los hechos porque hay "muchas incógnitas" sobre lo que ocurrió. Los dos arrestados han afirmado que la joven falleció en un accidente y, por temor a las repercusiones, tomaron la decisión de ocultar el cuerpo. "No son los únicos culpables, ya que existen terceras personas implicadas", señala y apunta a los dueños de las compañías, una ilegal, y a la comunidad que permitía esa actividad en su territorio.
Asimismo, lamentan que no ha habido investigación "exhaustiva" y critica que ha habido "muchos fallos" en el proceso judicial, en el que consideran que se han dejado de lado pruebas "imprescindibles" para determinar el lugar donde está su hija.