Actualizado 07/06/2011 17:55

EEUU.- Amnistía denuncia que dos reclusos llevan 40 años en régimen de aislamiento en una cárcel de Luisiana

"Nunca" se han encontrado pruebas materiales de su delito, se han perdido pruebas exculpatorias y un testigo pudo ser "sobornado"


MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al Estado norteamericano de Luisiana que elimine "de inmediato" el régimen de aislamiento al que están sometidos desde hace casi 40 años dos reclusos y ha advertido de que esta situación "cruel e inhumana" viola las obligaciones de Estados Unidos ante el Derecho Internacional.

Albert Woodfox, de 64 años, y Herman Wallace, de 69, fueron puestos en régimen de 'Restricción de Celda Cerrada' (CCR, por sus siglas en inglés) en la Penitenciaría Estatal de Luisiana desde que fueron condenados por el asesinato de un guardia de la prisión en 1972.

Según la organización, "nunca" se han encontrado pruebas materiales de que asesinasen al guardia, se han perdido pruebas "potencialmente exculpatorias" y las condenas se basaron en testimonios "cuestionables" proporcionados por otros reclusos, e incluso se sospecha, con documentos, que el testigo principal fue "sobornado" por funcionarios de la prisión.

Salvo periodos muy breves, desde entonces ambos presos permanecen en régimen de aislamiento 23 horas al día, con limitaciones en las llamadas telefónicas y en las visitas, sin apenas acceso a libros, periódicos y televisión y sin permiso para trabajar ni para recibir educación.

"El trato al que Albert Woodfox y Herman Wallace han sido sometidos durante las últimas cuatro décadas es cruel e inhumano, y constituye una violación de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del Derecho Internacional", declaró la directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo.

"No sabemos de ningún otro caso de Estados Unidos en el que se haya sometido a personas a un contacto humano tan restringido durante un periodo tan prolongado", agregó.

Según AI, en todo este tiempo no se ha revisado la imposición de régimen de CCR a estos dos hombres y el único argumento que han esgrimido las autoridades ha sido el "carácter del motivo de la imposición original". Los dos reclusos habían sido detenidos en un principio por robo a mano armada.

Ambos permanecen 23 horas al día recluidos en sus celdas, que miden dos por tres metros. Cuando el tiempo lo permite, pueden salir al exterior tres veces por semana para una hora de ocio en solitario en una pequeña jaula al aire libre. Durante cuatro horas semanales, se les permite salir de su celda para ducharse o para caminar, en solitario, a lo largo del pasillo de la unidad de celdas.

Aparte, se les restringe el acceso a libros, periódicos y la televisión. Durante las últimas cuatro décadas no se les ha permitido en ningún momento trabajar o tener acceso a educación. La interacción social se ha limitado a visitas ocasionales de amigos y familiares y a llamadas de teléfono limitadas.

Los abogados de los dos reclusos han explicado a Amnistía Internacional que ambos sufren graves problemas de salud causados o agravados por sus años de régimen de aislamiento.

DUDAS SOBRE LA CULPABILIDAD

Por otra parte, Amnistía Internacional también ha planteado cuestiones relativas a los aspectos legales del caso contra estos dos hombres. Según la organización, "nunca" se han encontrado pruebas materiales que los vinculen con el asesinato del guardia, se han perdido pruebas de ADN potencialmente exculpatorias y las condenas se basaron en testimonios "cuestionables" proporcionados por otros reclusos.

"Durante los años de litigio sobre estos casos, han surgido documentos que sugieren que el testigo principal fue sobornado por funcionarios de la prisión para que prestara declaración contra los dos hombres, y que la fiscalía ocultó pruebas sobre el testimonio perjuro de otro recluso", advirtió AI. "Otro testigo se retractó más tarde de su declaración", agregó.

Aparte de los recursos judiciales en curso contra sus condenas por asesinato, Albert Woodfox y Herman Wallace han demandado a las autoridades de Luisiana, alegando que su aislamiento prolongado constituye una pena "cruel e insólita" y, por tanto, viola la Constitución estadounidense.