WASHINGTON, 27 Mar. (Reuters/EP) -
Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, inmersos estos días en vistas y deliberaciones tras la que resolverán si es constitucional prohibir por ley el matrimonio homosexual, no han ocultado su malestar por el respaldo que dio el año pasado el presidente del país, Barack Obama, a las bodas entre personas del mismo sexo.
Obama y el Fiscal General norteamericano, Eric Holder, dijeron en febrero de 2011 que no defenderían la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) por considerarla contraria a la Constitución. Dicha ley, aprobada en 1996, limita la definición de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer e impide, en la práctica, que las parejas homosexuales puedan beneficiarse de los mismos derechos que las heterosexuales.
Para el magistrado Anthony Kennedy, Obama ha generado una situación "problemática", ya que, en su opinión, abre la puerta a que se cuestionen otras leyes aprobadas por el Congreso y recurridas ante los tribunales.
El juez John Robert ha preguntado al Gobierno en qué se basará a partir de ahora para defender o criticar determinadas leyes, mientras que el magistrado Antonin Scalia ha criticado el "nuevo régimen" impuesto por el actual jefe de la Casa Blanca.
El Supremo analiza estos días la constitucionalidad de la Proposición 8 aprobada por los californianos en referéndum en el año 2008 y de la DOMA para determinar si se puede prohibir por ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los recursos contra la Proposición 8 centraron la vista del lunes y, para este martes, el alto tribunal había citado a defensores y detractores de la ley DOMA.
La Ley de Defensa del Matrimonio ha sido uno de los principales pilares sobre el que los detractores de las bodas gays han basado sus argumentos. En los últimos meses, sin embargo, numerosas personalidades políticas se han desmarcado del texto, incluido el expresidente Bill Clinton, que lo firmó durante su etapa en la Casa Blanca.
La sentencia para ambos casos, Proposición 8 y ley DOMA, aún tardará varios meses. El Supremo confía en dictar una resolución para finales de junio, aunque pocos se atreven a pronosticar su contenido por la división que han puesto de manifiesto estos últimos días los nueve jueces del tribunal.