MÉXICO DF, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de Edgar Tamayo Arias, ciudadano mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos, presentarán este martes ante una corte federal en Austin argumentos orales para sustentar su petición de revisar la clemencia de su cliente, en un "último esfuerzo" para impedir que se cumpla la condena por el homicidio de un policía en Houston en 1994.
La presentación de estos argumentos tiene lugar el mismo día en que se espera que la Junta de Perdones dé a conocer su decisión sobre si se debe recomendar al gobernador de Texas, Rick Perry, clemencia para Tamayo, un día antes de su anunciada ejecución, según ha informado la agencia de noticias mexicana Notimex.
La abogada Sandra Babcock ha explicado que el proceso de clemencia es "el único foro que queda para reivindicar el derecho de Tamayo" a la revisión de su caso. La petición de la defensa del mexicano ha sido secundada por el canciller mexicano, su homólogo estadounidense, líderes de organizaciones de Derechos Humanos y el exgobernador de Texas, Mark White.
Todos ellos han enviado cartas a la Junta de Perdones para solicitarle la suspensión de la ejecución de Tamayo. La abogada, sin embargo, dice que "a pesar de las múltiples peticiones, la Junta de Perdones se ha negado incluso a discutir la petición de indulto de Tamayo".
El reo, de 45 años, es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El fallo de la CIJ ordena a Estados Unidos la revisión de todos los casos dado que en las detenciones y juicios se violaron las garantías como ciudadanos extranjeros de los 51 mexicanos en la antesala de la muerte.
El Gobierno de México ha reiterado este domingo su "firme rechazo" a la inminente ejecución de Édgar Tamayo, con doble nacionalidad, en Texas y ha advertido de que, de llevarse a cabo, Estados Unidos violará de nuevo sus obligaciones internacionales.
"En relación con el caso de nacional mexicano Edgar Tamayo Arias, preso y sentenciado a pena capital en el estado de Texas, el Gobierno de México reitera su firme rechazo a la ejecución del connacional programada para el 22 de enero", ha dicho en un comunicado.
PRESIÓN DE MÉXICO
El Ejecutivo de Enrique Peña Nieto ha aseverado que hasta ahora "ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución de este connacional", en coordinación con sus abogados.
"Entre las acciones legales más recientes se encuentran la presentación de un recurso judicial fundado en las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 18 de enero de 2012 otorgó medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución", ha detallado.
De igual manera, "el pasado 14 de enero se presentó una demanda federal en Austin, solicitando que el gobernador, Rick Perry, y la Junta de Perdones y Libertad Condicional (BPP) de Texas se abstengan de proceder con la ejecución".
Las acciones políticas incluyen "cartas enviadas por el ministro de Exteriores, José Antonio Meade; el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plasencia; y diversos legisladores a Perry y a la BBP solicitando la suspensión de la ejecución".
En el plano internacional, la CIJ, Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el Consejo de Europa y varias ONG "dirigieron misivas apelando igualmente a la autoridades de Texas para suspender la ejecución de Tamayo".
México ha adelantado que "continuará asistiendo a los familiares de Tamayo". "Algunas de las gestiones a su favor incluyen el apoyo en la obtención de documentación de viaje para visitarle en Texas, apoyo económico para su traslado, alimentación y hospedaje en esa ciudad y el acompañamiento en sus visitas a la prisión", ha concretado
Por último, ha reiterado que "se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de los nacionales en peligro de recibir dicha condena", para lo cual en el año 2000 creó un programa gubernamental con el que, hasta ahora, ha logrado "evitar o revertir la pena capital en 868 casos".