MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional desarticuló una red dedicada a estafar a ciudadanos de origen latinoamericano con ofertas falsas de trabajo. Se calcula que hay más de 3.500 afectados en España y Latinoamérica y que la organización obtuvo unos beneficios de 2.000.000 de euros. Cinco personas han sido detenidas en Madrid y Murcia.
Los afectados debían ingresar 464 euros en una cuenta de la organización para empezar a tramitar la búsqueda de una oferta de empleo en España. El pago se efectuaba en una cuenta bancaria española facilitada por la empresa. Una vez efectuado el ingreso se remitía el justificante por fax a la organización, que comenzaba a buscar una oferta de empleo en España.
Para ello contactaban con empresarios que necesitaban mano de obra y que les permitían utilizar el nombre de su empresa para las ofertas, pensando que ellos se encargarían de los trámites legales pertinentes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En caso de conseguir una oferta de empleo, el trabajador debería abonar otros ochocientos euros como pago del billete de avión y diversas gestiones. En total el trabajador debía pagar más de 2.000 euros para conseguir un trabajo en España.
Una vez que eran abonados los primeros 464 euros, los trámites eran muy lentos y las posibilidades de que se formalizara el empleo disminuían. El número de trabajadores que finalmente obtuvieron el permiso de trabajo y residencia no supera la treintena, y de ellos, 25 no están dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien trabajan para otra empresa o en labores diferentes para las que se les autorizó el citado permiso.
El empresario que realizaba la oferta de empleo no conocía a la persona que iba a contratar, debido a que la selección de los trabajadores se realizaba en el país de origen por la organización, que era quien se iba a encargar de todos los trámites necesarios. Los empresarios con los que había contactado la organización para ofertar empleos, manifestaron no haber tenido noticias de las personas que iban a trabajar para ellos.
Además, se han presentado más de 100 denuncias y reclamaciones de devolución del dinero anticipado por parte de inmigrantes que, tras su llegada a España, no pudieron conseguir sus permisos de trabajo, al no haber sido presentadas sus solicitudes y ofertas laborales en las correspondientes Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones del Gobierno.
DESARROLLO DE LA OPERACIÓN
La investigación se inició en febrero de 2006 por agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración, que conocieron varias denuncias realizadas en Perú, Ecuador y Colombia, canalizadas por las respectivas Agregadurías de las Embajadas de España en esos países. Todo apuntaba a que una empresa con sede en España se dedicaba a captar a ciudadanos latinoamericanos en sus países de origen a quienes ofrecían contratos de trabajo en nuestro país a cambio de abonar previamente una cantidad de dinero.
La red tenía en España una estructura empresarial compleja, dirigida y coordinada por una empresa que a su vez se ramificaba en otras tres mercantiles. Disponían asimismo de filiales en Perú, Ecuador y Colombia, lugares de donde se surtían de trabajadores.
Han sido detenidos los máximos responsables de la organización, que eran los socios y administradores únicos del grupo de empresas.