MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La fiscal de la Audiencia Nacional María José Checa accedió hoy a que sea extraditado el policía argentino Juan Carlos Fotea, reclamado por su país por el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Su abogado pidió que sea juzgado en España para poder demostrar su "inocencia" o, al menos, que el delito que se le imputa (detención ilegal) ha prescrito.
Fotea, que se negó a ser extraditado y que calificó de "salvajada" todo el procedimiento que se está siguiendo contra él, fue detenido el pasado 24 de noviembre en Madrid. Ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó su ingreso en prisión incondicional y el 12 de diciembre el juez Fernando Grande-Marlaska legalizó su situación decretando la misma medida.
Durante la vista celebrada hoy en la Audiencia Nacional para estudiar la solicitud de extradición cursada por las autoridades argentinas, el ex policía argentino señaló que lleva 21 años residiendo legalmente en España, donde ha trabajado como guardia de seguridad.
Afirmó que nunca fue juzgado en Argentina, país en el que entró como suboficial de la Policía Federal en el año 1969-70 y en 1980 fue destinado al edificio de Seguridad Federal, donde se ubica la Policía dedicada a Asuntos Internos. Según dijo, nunca tuvo relación ni colaboró con la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) ni con el Ejército y señaló que toda esa información se puede comprobar.
EXTRADICIÓN PROCEDENTE
Asimismo, indicó que todo lo que sabe de Rodolfo Walsh y de María Alicia Milia de Pirles (causa por la que está imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 5) es "por la prensa". La fiscal María José Checa, que no formuló preguntas al acusado, afirmó que procedía acceder a su extradición al estimar que "la jurisdicción preferente es aquella donde se cometió el delito".
A su juicio, no existe "motivación política" en la petición de las autoridades argentinas y añadió que los delitos que se le imputan al detenido, que pueden ir desde el genocidio hasta los delitos de lesa humanidad, son "imprescriptibles". Checa afirmó que concurren los requisitos del tratado de extradición entre España y Argentina, ya que además los delitos son castigados de forma similar por ambas jurisdicciones.
El abogado de Fotea, Joaquín Ruiz-Giménez, protestó por la imputación hecha por la fiscal, ya que su cliente sólo está acusado de la desaparición de dos personas, una de las cuales (Pirles) "apareció viva en 1997". Durante su turno recordó la ley de punto y final dictada en Argentina, cuyos efectos fueron similares a los de un indulto, según dijo. Por ello, consideró que su supuesta participación en ambos secuestros está sobreseída.
"Por razones políticas se está volviendo a reavivar la polémica sobre si se debe juzgar o dejar impunes los delitos de hace 30 años", afirmó el letrado, que indicó que detrás de la petición de extradición de su cliente, formulada ahora y no antes, hay una "motivación política". En cualquier caso, Ruiz-Giménez dijo que la "inocencia" del ex policía argentino es "clarísima y demostrable".
El abogado pidió que Fotea sea juzgado en España por el delito de detención ilegal, que es por el que está imputado, ya que nuestro país "tiene competencias para hacerlo". En este sentido, dijo que España ya ha asumido su jurisdicción para juzgar crímenes de la dictadura argentina y, por tanto, señaló que debe aplicar la justicia universal "para todos y no para unos sí y para otros no". En caso de que se conceda la extradición, se estaría haciendo, según el letrado, por un delito prescrito.
POLICÍAS INVESTIGADOS
El juez federal argentino Sergio Torres pidió la extradición de Fotea en la causa en la que investiga a los también policías Roberto González, Ernesto Weber, Pedro Salvia y Juan Carlos Linares; los oficiales del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez y Carlos Generoso; los marinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Jorge Vildoza, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernias; el militar Julio César Coronel y el prefecto Héctor Febres.
Sin embargo, Fotea tenía otra causa pendiente en la misma Audiencia Nacional por las torturas y secuestro de María Alicia Milia de Pirles, en la que estaba imputado por Garzón. Pese a que esa acusación databa de 1998, el ex policía, residente legal en España desde 1984, no fue detenido hasta que lo pidió Argentina.
Rodolfo Walsh, de cuya desaparición es acusado Fotea, publicó "Carta abierta a la Junta Militar" y fue interceptado y tiroteado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, del barrio porteño de San Cristóbal, en Buenos Aires. Su cadáver nunca fue localizado aunque algunos supervivientes de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro de detención ilegal argentino durante la dictadura, declararon haber escuchado a los guardias decir que el cadáver, con numerosas heridas de bala, había sido incinerado.