MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado los trámites para solicitar la extradición del ex ministro guatemalteco de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, detenido ayer en EE.UU., informaron fuentes jurídicas. El magistrado quiere interrogarle en relación con la la causa abierta a raíz de la querella presentada por la premio Nobel Rigoberta Menchú por el genocidio cometido contra el pueblo maya entre los años 1978 y 1986, atribuido a aparatos del Estado guatemalteco.
El 10 diciembre de 2003 la Audiencia Nacional dictó una orden de detención internacional contra Álvarez, quien ostentó la cartera de Gobernación durante el Gobierno de Lucas García (1978-1982), y a finales de ese mes las autoridades mexicanas, donde se suponía que residía el ex mandatario, comunicaron a la Justicia española la imposibilidad de hacer efectiva dicha orden, puesto que había huido.
No obstante, el nombre de Álvarez aparecía en los documentos recientemente remitidos por la Justicia guatemalteca al titular el Juzgado Central número 1, quien tiene previsto viajar al país centroamericano entre los próximos 24 de junio y 4 de julio para realizar varios interrogatorios relacionados con la causa. La declaración del ex ministro de Gobernación aparecía fijada para el 3 de julio.
En diciembre de 2004, el juez a quien correspondía la investigación de la querella, Fernando Grande-Marlaska, consideraba que se había podido comprobar "razonablemente" la responsabilidad de Donaldo Álvarez en los asesinatos de varios sacerdotes españoles realizados "con la finalidad de castigo por su colaboración con el conjunto de campesinos y pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros que pretendieran lo mismo".
El juez español decretó entonces la detención internacional de Álvarez para su ingreso en prisión por torturas, siete asesinatos y uno más en grado de tentativa. En su resolución también recordaba la muerte de más de 30 personas de nacionalidad guatemalteca en el asalto a la embajada española, perpetrado el 31 de enero de 1980.
En su próximo viaje a Guatemala, el juez Pedraz tiene previsto tomar declaración al ex presidente de ese país José Efraín Ríos Montt y a otros seis imputados.
La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. Los demandados fueron el ex general golpista Ríos Montt, jefe de Gobierno en 1982 y 1983, y los ex presidentes guatemaltecos Oscar Humberto Mejías Víctores, jefe de Gobierno por golpe de Estado entre 1983 y 1986, y Fernando Romeo Lucas García, dictador entre 1978 y 1982, como otros cinco militares que ocuparon diferentes cargos durante la dictadura.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió entonces a trámite la querella porque consideró que el genocidio guatemalteco constituye un delito de persecución universal. Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a instancias de la Fiscalía investigar los hechos y ordenó al que era titular de este juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, archivar el caso.
SACERDOTES ASESINADOS.
La decisión fue recurrida por Rigoberta Menchú ante el Tribunal Supremo que rechazó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el genocidio contra los indios mayas en Guatemala durante las dictaduras militares. No obstante, se declaró competente a España para juzgar el asalto a la Embajada de España y los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran y Carlos Pérez Alonso, en enero de 1980.
La investigación en la Audiencia Nacional se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.