MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ciudadanía de México, Colombia y España se considera insatisfecha con el sistema jurídico de su país. Así lo manifestaron este lunes en Madrid expertos en la materia durante el debate 'Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica'.
En las jornadas, organizadas por la Fundación La Caixa y el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York y moderadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, participaron el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora, el Vice Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza y el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo.
"La ciudadanía en México se siente insatisfecha por la inseguridad que percibe y por la dificultad de acceso a la Justicia", expuso Medina.
El Procurador General de México reconoció que en su país no se ha construido un sistema jurídico que ofrezca a los ciudadanos "la certidumbre y la confianza en la justicia", vapuleada en parte por el crimen organizado en relación con el tráfico de estupefacientes.
"El crimen organizado no se presenta aislado y debe ser afrontado como un problema de Estado que se ha de atender de forma conjunta entre todas las autoridades", añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo (quien acudió al debate con muletas tras haberse sometido a una intervención en el tobillo) se mostró más optimista en cuanto a la percepción de la Justicia por parte de los españoles. "Estamos cerca del aprobado. La justicia no satisface al ciudadano aunque no estamos en el último punto", expuso el ministro.
"Nunca ha habido tanta independencia de los jueces, pero los ciudadanos no lo consideran así. Hoy la Justicia española es mucho mejor. (...) El esfuerzo de los últimos 25 años se nota, aunque no tanto como debería", manifestó.
"La Justicia es distante y borrosa para el ciudadano", añadió Fernández Bermejo quien afirmó que la opinión del ciudadano está mediatizada a pesar de que sólo el 36 por ciento de la población ha tenido contacto directo con el sistema jurídico.
Por su parte, el Vice Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza consideró que en su país se ha venido "percibiendo que nuestro aparato judicial no era operativo" pero que en los últimos tiempos se toma muy en serio a la Justicia.
Mendoza explicó las razones por las que la Justicia en Colombia es altamente independiente. Expuso que se debe al ordenamiento interno y a la forma en que se eligen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. "La gente en Colombia está creyendo en la Justicia (...) por que los instrumentos están diseñados para garantizar la independencia", afirmó.
"Colombia tiene muy buen derecho pero muy mala Justicia", manifestó el Vice Fiscal.
Bermejo consideró que existe una "impotencia evidente" en el combate a la "potencia globalizada del crimen". En ese sentido, el ministro explicó que existen dos grandes modelos, uno de ellos es la "cooperación entre los Estados" y el segundo es el "reconocimiento de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa" y que se debería combatir el crimen organizado a escala universal mediante "diversas organizaciones globales a través de la creación de espacios comunes de seguridad y Justicia".
"En los países iberoamericanos tenemos las bases para crear ese espacio común aunque tendremos que mejorar los sistemas judiciales de todos los países", indicó.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado el Procurador General de México afirmó que "vivimos un momento crítico pero de gran oportunidad" en esa materia. Medina Mora propuso "pasar de la cooperación a la co-responsabilidad".
El procurador mexicano destacó los esfuerzos del Gobierno de su país en la lucha contra la violencia de género, contra el narcotráfico o en cuanto a la protección y la defensa del ejercicio periodístico a través de fiscalías especializadas en cada uno de estos asuntos.
Por su parte, el Vice Fiscal general Colombiano destacó el momento que vive Colombia en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas a través de un sistema que comprende medidas de control y de represión así como acciones de contenido político en el proceso de desarme de los "distintos grupos que se levantaron contra el Gobierno". "Todavía no hemos empezado a llevar a los tribunales a los que se acogerán a la Ley de Justicia y Paz. (...) Está siendo una labor complicada, pero aún es más difícil el tratamiento de las víctimas".
La Ley de Justicia y Paz prevé penas de un máximo de ocho años de prisión a quienes confiesen sus crímenes en alguno de los "grupos que se levantaron" contra el Gobierno o que se crearon para luchar "ilegalmente" contra estas guerrillas, como son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares o las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC).