BOGOTÁ, 30 May. (Colprensa/Notimérica) -
El ex comandante del Ejército colombiano Mario Montoya se enfrentará este martes a la audiencia de imputación por los cargos que acumula por realizar presuntas omisiones en varios casos de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de 2006 a 2008.
Según el ente investigador, el General Montoya, en su condición de Comandante del Ejército, debía ser "garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil". Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el exoficial puso en práctica una política de presión de resultados dentro de la Fuerza Pública, que puso en riesgo a la población.
Montoya es uno de los oficiales más destacados de los últimos años por, presuntamente, no tener en cuenta las recomendaciones de diferentes entidades que advertían sobre la práctica de "falsos positivos" dentro de la institución.
Según la Fiscalía, "con el material recaudado en la investigación, se ha podido establecer que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y promoción de Derechos Humanos", señala un documento frente a los hechos referenciados en el periodo entre 2006 a 2008.
Por su parte, la defensa de Montoya, en cabeza del abogado Andrés Garzón, sostiene que en esta investigación hay varias "contradicciones", dado que no hay claridad de si existieron supuestas presiones u omisiones.
"Los argumentos de la Fiscalía son contradictorios, o usted hace algo o usted omite algo, pero usted no puede al mismo tiempo actuar u omitir, para la misma circunstancia. La pregunta es: ¿Al fin qué presionó para que se cometieran los supuestos resultados u omitió alguna situación?, entonces desde ese punto parte la contradicción de la Fiscalía", sostiene el abogado Garzón.
El terror implantado por un batallón de ingenieros de la IV Brigada provocó la muerte de 56 supuestos delincuentes en 2006, una de las unidades militares con más "resultados" del país, incluso por encima de otros grupos de contraguerrilla situados en zonas más complicadas del territorio nacional.
Entre 2002 y 2008, miembros de brigadas del Ejército ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados "positivos" e incrementaran el número de bajas en combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar de que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.