Publicado 16/10/2015 22:05

Falsas víctimas del conflicto colombiano intentan hacerse con tierras

   MEDELLÍN (COLOMBIA), 16 Oct. (Colprensa/Notimérica) -

   Antiguos guerrilleros y paramilitares, que fueron los que masacraron u obligaron a desplazarse a los campesinos e indígenas en áreas donde se desarrollaba el conflicto colombiano, ahora se presentan como víctimas y solicitan terrenos que supuestamente les pertenecían.

   Esta vez la farsa se destapó en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía, entidad que expidió 62 órdenes de captura contra sospechosos en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar. El objetivo era proteger 1.800 hectáreas de tierra evaluadas en cerca de 7.000 millones de pesos (2,4 millones de dólares) que, al parecer, las falsas víctimas intentaban conseguir.

   Uno de los casos más preocupantes se detectó en la vereda El Congo de Lomas, en el municipio antioqueño de Turbo. Según el Ministerio de Agricultura, allí estaban en riesgo más de 500 hectáreas, valoradas en 3.500 millones de pesos (1,2 millones de dólares) aproximadamente.

   La maniobra clandestina estaría liderada por Jesús Aníbal Hinestroza Murillo, un exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien después de su desmovilización se había quedado en Urabá ejecutando, presuntamente, actividades ilícitas.

   El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, ha explicado que el exguerrillero, quien fue detenido en la operación, era quien orientaba a los falsos reclamantes, constituyendo una red delictiva para engañar al Estado.

   Al parecer, diseñaba libretos de ficción, en los que estas personas "se presentaban ante las autoridades como víctimas, que habían sido despojadas violentamente de sus tierras", ha explicado el oficial.

   No es algo inusual. Este método de engaño también venía siendo aplicado por otros antiguos victimarios en el sur del departamento de Córdoba. Según el informe policial, seis reinsertados del bloque Héroes de Tolová se presentaron a reclamar lotes.

   En sus declaraciones, ante los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) omitieron la historia de su carrera paramilitar, intentando pasar de agache en el trámite.

   Como complemento, entre los arrestados está el ciudadano Grangelio Mosquera Cáceres, quien tenía en su contra una orden de captura pendiente por homicidio y tráfico de armas. Aun así, quería obtener los beneficios que el Estado tiene para las víctimas.

LA OPERACIÓN SEGUIRÁ

   El Ministerio de Agricultura ha detallado que, de los 62 capturados, 28 cometían los fraudes en el Urabá antioqueño (Turbo, Chigorodó y Apartadó); y 23 en las localidades cordobesas de Tierralta, Montería y Valencia, donde estaban en juego 660 hectáreas por valor de 1.115 millones de pesos (386.682 dólares)

   Otros cinco implicados intentaban usurpar terrenos en Codazzi y Valledupar (Cesar). Allá la extensión que querían conseguir era de 550 hectáreas, con costo de 2.100 millones de pesos (728.000 dólares).

   "Con estas detenciones ratificamos el compromiso del Estado con las víctimas del conflicto", comentó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia.

   De acuerdo con la Fiscalía, enfrentarán cargos por fraude procesal, falsedad documental y falso testimonio, exponiéndose a una pena máxima de 15 años de prisión. El ente acusador ha informado de que en lo que va de año, 116 personas han sido procesadas por ser falsos reclamantes de tierra.

   El general Palomino ha indicado, además, que esta es apenas la primera fase de la investigación, pues ahora los agentes perseguirán a los funcionarios públicos que, mediante omisión o complicidad, permitían que se produjeran estos fraudes.

LOS GANADEROS, TAMBIÉN IMPLICADOS

   La operación permitió interceptar otra estrategia empleada por los falsos propietarios. "Otros vinculados al ilícito son comerciantes y ganaderos de la región, con alta capacidad económica y que anexaban documentos falsos que no relacionaban los bienes que poseían y así se mostraban como víctimas", ha informado la Policía.

   La relación de acaudalados ganaderos con presuntas maniobras para evadir las normas del proceso de restitución de tierras, quedó en evidencia el pasado 22 de mayo, cuando en otra operación para proteger a las víctimas de este fraude, las autoridades capturaron al comerciante antioqueño Álvaro Mesa Cadavid, de 62 años.

   Según la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, él les habría comprado a los paramilitares cientos de hectáreas en la vereda Paquemás de Turbo, que estos les habían arrebatado a los labriegos. "Luego las tituló a su nombre mediante certificados y escrituras falsas", denunció en aquella oportunidad el general Luis Eduardo Martínez, director de Carabineros.

NO LOGRAN EL FRAUDE

   El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, confirmó a Colprensa que las personas arrestadas esta semana fueron frenadas a tiempo y no alcanzaron a adueñarse de los predios.

   "Los falsos reclamantes estaban emitiendo documentos y declaraciones falsas, por esto la URT remitió los casos a la Fiscalía", declaró Urrego, al tiempo que pidió un castigo ejemplar para los implicados.

   Otro de los casos más recientes se presentó el pasado mes de agosto en Urabá, una de las regiones más saqueadas por los actores armados y donde hay más reclamaciones pendientes.

   La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó la devolución de 207 hectáreas a cuatro familias de campesinos e indígenas de la vereda Los Cedros.

   Los reclamantes habían sido expulsados por paramilitares en la década del 90, quienes los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla. Con el pasar de los años, las tierras habían pasado a manos de particulares a través de varias maniobras de compraventa.