Publicado 18/02/2016 20:03

Familiares de desaparecidos exigen la apertura de las fosas clandestinas de Tetelcingo

An elderly man looks for material to recycle near a police cordon surrounding a
MARGARITO PEREZ / REUTERS

   CIUDAD DE MÉXICO, 18 Feb. (Notimérica) -

   Familiares de víctimas desaparecidas de varios estados mexicanos han exigido a las autoridades de Morelos la exhumación inmediata de los 150 cuerpos hallados en las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), situadas en el predio El Maguey, en Tetelcingo, Morelos.

   Los familiares, procedentes de los estados de México, Nuevo León, Michoacá, Guerrero, Jalisco, Morelos y la Ciudad de México, y miembros del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, iniciaron esta protesta después de que este martes fueran vinculados a los presuntos responsables de la inhumación clandestina la excoordinadora Central de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero, y el exencargado del despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Orientes, Jerson Cervantes.

   La coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Valentina Peralta, indicó en el nombre de los familiares que el objetivo de la manifestación es la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, secuestrados, "y sabemos que las fosas clandestinas, que realizó la Fiscalía de Justicia en Morelos de manera irregular, en un predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, puede darles una pista".

   Según recoge el diario mexicano 'Proceso', Peralta afirmó que aún se encuentran 150 cuerpos sin identificar, a quienes ni siquiera les practicaron las pruebas periciales básicas que son la toma de muestra biológica para tener el perfil genético y la superposición antropomórfica, como radiografías y fotografías a los restos para poder cotejar con los seres humanos que buscan.

   "Sabemos que no lo hicieron, por eso nosotros tenemos que exigir que esos cuerpos sean procesados uno por uno, conforme a derecho, es decir, que se exhume cuerpo por cuerpo ante la presencia de peritos de la PGR, de la Policía Federal, de personal de la UAEM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado, para que se obtengan los perfiles genéticos de cada ser humano que ahí se encuentra, para que sea cotejado con los perfiles genéticos que han aportado los familiares de los desaparecidos", sostuvo.

   El fiscal Javier Pérez Durón estableció este martes un plazo de mes y medio para que el propietario del predio utilizado como panteón en Tetelcingo "regularice el lugar", y de esta forma sean exhumados los cuerpos que no han sido identificados.

   En noviembre, más de 100 cadáveres afloraron en una fosa común ubicada en la localidad de Tetelcingo que la Fiscalía regional utilizaba para deshacerse de los cuerpos de las víctimas que, supuestamente, nadie reclamaba.

   El caso se destapó gracias a la insistencia de la familia de Oliver Navarrete Hernández, que consiguió que la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumara su cadáver y se lo entregara después de ser identificado, según informa 'La Jornada'.

   Navarrete Hernández fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla y diez días después apareció muerto. Su familia pidió entonces a la FGE que le entregara el cadáver pero se negó argumentando que la investigación seguía abierta. El 28 de marzo de 2014 lo enterró en esta fosa común y la familia finalmente consiguió que el 9 de diciembre fuera exhumado.