Actualizado 07/05/2018 18:07

Las familias de los trabajadores de 'El Comercio' se reúnen con el Gobierno ecuatoriano

Lenín Moreno
REUTERS / STRINGER .

   QUITO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   Familiares de los tres trabajadores del diario ecuatoriano 'El Comercio' que fueron secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia por disidentes de la antigua guerrilla de las FARC se han reunido este lunes con representantes del Gobierno de Lenín Moreno.

   La reunión ha comenzado en torno a las 7.30 (hora local) en la sede del Ministerio de Justicia y a ella han acudido la titular de esta cartera, Rosana Alvarado y el consejero gubernamental Juan Sebastián Roldán, así como los familiares de las víctimas.

   Ricardo Rivas, hermano de uno de los fallecidos, ha explicado a su llegada que el principal tema a tratar será la repatriación de los cadáveres, que todavía siguen en poder del Frente Oliver Sinisterra, comandado por 'Guacho', disidente de las FARC. "Vamos a ver cuál es la posición del Gobierno", ha dicho.

   También interrogarán al Gobierno acerca de la comisión internacional que se encargará de investigar lo ocurrido en la frontera ecuatoriana con Colombia. "Parece que no quieren que el organismo internacional (que se ocupe de ella) sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", ha comentado, según informa el propio 'Comercio'.

SECUESTRO Y ASESINATO

   El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sufrido varios ataques de disidentes de las FARC.

   Moreno ha reactivado las operaciones de seguridad en la frontera, que se suspendieron para facilitar la liberación de los secuestrados, con el fin de dar caza a 'Guacho', "objetivo de alto valor militar" en ambos países y por el que Ecuador ofrece una recompensa de 100.000 dólares.

   La zona de Mataje, donde se produjo el secuestro, ha sido declarada "zona de seguridad" para aumentar los controles de militares y policías y se creará una jurisdicción especial para crimen organizado con sede en Quito para garantizar la seguridad de jueces y fiscales en la investigación de estos hechos.