La Fiscalía argentina pide 12 años de prisión para la activista Milagro Sala acusada de intento de homicidio

La Fiscalía argentina pide 12 años de prisión para la activista Milagro Sala acusada de intento de homicidio
20 de diciembre de 2018 REUTERS - ARCHIVO

   BUENOS AIRES, 20 Dic. (Notimérica) -

   La Fiscalía argentina solicitó 12 años de prisión para la activista Milagro Sala, acusada de contratar sicarios para asesinar a un dirigente social.

   El fiscal Marcelo Cuellar acusó a Sala como "coautora de homicidio agravado por precio o promesa remunerativa en grado de tentativa" por el caso conocido como "La balacera de Azopardo", ocurrido en octubre de 2007, según indicó el diario 'Clarín'.

   El caso trata del intento de homicidio al dirigente Alberto Cardozo, exconcejal en la provincia de Jujuy e integrante de la Red de Organizaciones Sociales.

   Según la Fiscalía, Sala pagó con la entrega de una casa a Fabián Ávila para que matara a Cardozo, según el testimonio del cooperativista Rafael Páez, quien estuvo prófugo de la justicia, y declaró haber recibido junto al primero la orden de Sala.

   Asimismo, Cuellar pidió 12 años para Ávila como coautor de "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa" mientras que Páez no fue imputado.

   Por su parte, la defensa de la dirigente afirmó que el testimonio de Páez es falso y que representa otro capítulo de impunidad y persecución política contra Sala.

   La abogada de la activista, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó la absolución de su defendida por prescripción de la causa y por "ausencia de pruebas que acrediten la existencia de los hechos y la participación (de Sala) en ellos".

   Sala, líder de la organización barrial Túpac Amaru, fue encarcelada en enero de 2016 por liderar una protesta contra el senador Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia de Jujuy.

   Un juez provincial autorizó su excarcelación a los pocos días, sin embargo Sala continuó en detención preventiva por otras causas en las cuales se le acusa de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales.