CIUDAD DE GUATEMALA, 11 Abr. (EP/AP) -
El sindicalista guatemalteco Nery Barrios aseguró que su detención por estafa, fraude tributario y blanqueo de dinero, es producto de una persecución política.
"Es el Gobierno más represivo que ha habido contra el movimiento sindical. Es todo una persecución política en mi contra por las denuncias que hemos hecho a sus políticas", aseguró ayer Barrios al entrar en el edificio de tribunales, donde prestó declaración ante un juez.
Decenas de sindicalistas se manifestaron en las afueras de la corte para exigir la liberación de Barrios. El juez que conoce el caso fijó la fianza del sindicalista en 1,5 millones de quetzales (unos 200.000 dólares). Sin embargo, el abogado de Barrios indicó que no dispone de esa suma y que por ello apelarán la decisión judicial.
El sindicalista, presidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular, fue detenido el pasado lunes por la noche. Se le acusa de apropiarse 5,5 millones de quetzales (unos 720.000 dólares) pagados por la Empresa Portuaria Quetzal a 172 familias que ocupaban terrenos de esa empresa.
El fiscal a cargo del caso, Leopoldo Liu, confirmó que Barrios es acusado de los cargos antes mencionados. La Intendencia de Verificación Especial, una unidad dedicada a revisar transacciones bancarias sospechosas, determinó que Barrios depositó cinco millones de quetzales (unos 650.000 dólares) en una cuenta personal y que el resto lo utilizó para pagar deudas pendientes.
Barrios compró una finca que supuestamente sería entregada a las familias que fueron desalojadas, pero las investigaciones han determinado que la propiedad pertenece a una persona distinta a quien el sindicalista entregó el dinero.
Barrios fue capturado en una transitada avenida del sur de la capital mientras se dirigía a su casa. El sindicalista ha sido uno de los principales opositores al gobierno de Oscar Berger.