CIUDAD GUATEMALA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Estados Unidos y Guatemala son culpables de los experimentos médicos que científicos estadounidenses realizaron en guatemaltecos entre 1946 y 1948, según concluye el informe elaborado por la Comisión de Bioética del Gobierno norteamericano.
Esta doble acusación se sustenta en varios informes del doctor John C. Cutler, uno de los responsables de estos experimentos, en los que pone de relieve "la actitud de gran cooperación de los funcionarios --tanto civiles como militares-- guatemaltecos".
En uno de estos papeles, Cutler reseña las reuniones mantenidas con altos cargos de las Fuerzas Armadas del país centroamericano, quienes le habrían solicitado implantar un "programa de tratamiento" en el Hospital Militar de Ciudad de Guatemala.
Además, la presidenta de esta comisión, Amy Gutman, ha extendido esta responsabilidad no solo a quienes realizaron los experimentos, sino también "a quienes los aprobaron, financiaron y facilitaron". "Son moralmente culpables", ha aseverado, según informa el diario 'Prensa Libre'.
En estos dos años, al menos 5.000 personas fueron contagiadas con enfermedades venéreas --sífilis, gonorrea y chancroide--, la mayoría de ellas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables --enfermos mentales, prostitutas y presos--, de las cuales 83 murieron. Solamente 700 recibieron tratamiento médico.
Al margen de las conclusiones a las que ha llegado esta comisión, creada a petición del presidente estadounidense, Barack Obama, científicos de la Universidad de Pennsylvania trabajan también en este caso para documentar los hallazgos.
El escándalo salió a la luz el pasado mes de noviembre, gracias a la investigación desarrollada por un grupo de médicos estadounidenses y financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés).
Entonces, Estados Unidos, a través de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, se limitó a pedir disculpas, explicando que estos experimentos estaban destinados a probar la eficacia de la penicilina. Por su parte, Guatemala ha amenazado con trasladar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).