TEGUCIGALPA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos marginados en Guatemala y Honduras corren un "grave riesgo" de ser víctimas de amenazas, hostigamiento, cargos infundados, agresiones e incluso homicidio, según denunció hoy en un informe Amnistía Internacional (AI).
El documento 'Persecución y resistencia: la experiencia de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala y Honduras', pone de manifiesto los continuos ataques que padecen aquellos que defienden aquellos que defienden los derechos de las comunidades marginadas, como los pueblos indígenas, gays, lesbianas, y transexuales.
"Las personas que protegen a otras de sufrir violaciones de Derechos Humanos acaban siendo víctimas de tales violaciones. La inseguridad de los activistas de Derechos Humanos en Honduras y Guatemala está alcanzando unas proporciones alarmantes", denunció la directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee.
Según Lee, las amenazas, la intimidación, la presentación de cargos penales infundados así como los homicidios de activistas en Honduras y Guatemala pretenden impedir que estos trabajen por la protección de los derechos de las personas, "sobre todo cuando su trabajo va en contra de poderosos intereses económicos".
El informe expone como ejemplo el caso de dos ecologistas, Carlos Albacete Rosales y Piedad Espinosa Albacete, que trabajan para la ONG 'Trópico Verde', en Guatemala los cuales, el pasado 10 de enero fueron víctimas de un atentado cuando volvían en taxi a casa desde el Aeropuerto de La Aurora. Entonces, un coche bloqueó su trayecto y tres hombres equipados con chalecos antibala y ropa parecida a la policial, aunque sin insignias, salieron del vehículo y comenzaron a dispararles. A pesar de ello el taxista y los cooperantes lograron salir con vida.
Aministía Internacional denunció además que no hay ninguna personas detenida por el atentado contra estos dos activistas, que finalmente abandonaron Guatemala al temer por su seguridad.
'Tropico Verde' trabaja por evitar la destrucción de la Reserva de la Biosfera Maya, el bosque tropical más grande de Centroamérica. AI indicó que organizaciones locales han sacado a la luz los los intentos de ganaderos y presuntos narcotraficantes de ocupar tierras dentro de la reserva.
HONDURAS
En cuanto a Honduras, en el informe presentado hoy por Lee se relata la experiencia de Donny Reyes, un miembro de la asociación Arcoiris, una organización que trabaja por los homosexuales en Honduras. Reyes fue detenido el pasado 18 de marzo, cuando salía de su oficina en Tegucigalpa, por seis agentes policiales que le propinaron una paliza y le llevaron a comisaría. "Miren, aquí les traigo a una princesita, ya saben lo que tienen que hacer", oyó Reyes decir al agente que le metió en la celda junto a otros detenidos en la comisaría de Comayagüela, quienes interpretaron la señal como un permiso para golpearle y violarle varias veces.
Según AI, Reyes fue puesto en libertad seis horas y media más tarde, cuando accedió a pagar una cantidad de dinero a los agentes.
Este, según la organización, no es el único caso de ataques sufridos por parte de miembros de 'Arcoiris' en Honduras. Además de ataques personales han padecido actos de intimidación y asaltos a sus oficinas en Tegucigalpa.
Asimismo el 4 de diciembre de 2006, Dionisio Díaz, un abogado de la organización de Derechos Humanos 'Asociación para una Sociedad más Justa' fue asesinado a tiros cuando se dirigía en su coche a la corte Suprema de Honduras.
Además de AI, los miembros de ASJ han denunciado ser víctimas de una campaña de amenazas y seguimientos, que se han intensificado desde el homicidio de Dionisio. Aministía Internacional asegura que "todavía no se ha hecho comparecer ante la justicia a los responsables del homicidio de Dionisio Díaz, y las autoridades no han realizado las investigaciones adecuadas sobre las amenazas e intimidación que sufren los integrantes de la ASJ ni les han proporcionado protección apropiada".
"Ya es hora de que las autoridades investiguen estos abusos y pongan a los responsables a disposición judicial. La justicia es el mejor mecanismo de protección -y el único real- para los activistas de derechos humanos", afirmó hoy Susan Lee.
Asimismo AI pide a los gobiernos de Honduras y Guatemala que elaboren un "plan nacional de acción con el fin de garantizar que los activistas de derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias" que debe incluir medidas de "índole política, práctica y jurídica encaminadas a investigar todos los casos de abusos contra los derechos humanos de activistas y a garantizar su inmediata protección".