18 de mayo de 2006

Guatemala.- Un juez español viaja en junio a Guatemala para interrogar al ex presidente Ríos Montt por el genocidio maya

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz viajará el próximo 19 de junio a Guatemala para interrogar al ex presidente guatemalteco José Efraín Ríos Montt y a otras once personas en relación con la causa abierta a raíz de una querella presentada por la premio Nobel Rigoberta Menchú en la Audiencia Nacional por el genocidio cometido contra el pueblo maya por los aparatos del Estado en el país centroamericano entre los años 1978 y 1986, informaron hoy fuentes jurídicas.

La querella fue interpuesta en 1999 por diversos hechos perpetrados en Guatemala entre los citados años considerados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. Los demandados fueron el ex general golpista Ríos Montt, jefe de Gobierno en 1982 y 1983, y los ex presidentes guatemaltecos Oscar Humberto Mejías Víctores, jefe de Gobierno por golpe de Estado entre 1983 y 1986, y Fernando Romeo Lucas García, dictador entre 1978 y 1982, como otros cinco militares que ocuparon diferentes cargos durante la dictadura.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió entonces a trámite la querella porque consideró que el genocidio guatemalteco constituye un delito de persecución universal. Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a instancias de la Fiscalía investigar los hechos y ordenó al que era titular de este juzgado, Guillermo Ruiz Polanco, archivar el caso.

La decisión fue recurrida por Rigoberta Menchú ante el Tribunal Supremo que rechazó la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el genocidio contra los indios mayas en Guatemala durante las dictaduras militares. Por el contrario, declaró competente a España para poder juzgar el asalto a la Embajada de España y los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles.

La investigación en la Audiencia Nacional se reabrió después de que la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 estableciese la competencia de la Justicia española para investigar y juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, independientemente de que hubiese víctimas de nacionalidad española.