18 de enero de 2008

Guatemala.-Menchú presenta una querella contra cinco magistrados de la Corte que beneficiaron a 7 acusados de genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó una querella contra cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que presuntamente beneficiaron con su fallo a siete acusados de genocidio.

La líder indígena acusó a los cinco jueces de impedir que se investigara por motivos políticos el magnicidio que habría sido ordenado por cinco militares y dos civiles. La querella fue presentada ayer por Menchú, quien llegó acompañada por un grupo de activistas a la Corte de Constitucionalidad (CC).

La demanda afecta a los magistrados Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón, Roberto Molina, Alejandro Maldonado y José Quezada, quienes participaron en el fallo de la CC que determinó el pasado 12 de diciembre que España no tiene jurisdicción para juzgar a los siete acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en Guatemala y por lo tanto el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no puede seguir investigando en ese país.

Rigoberta Menchú denunció que se produjo una "resolución sospechosa y tendenciosa que se debe investigar" y añadió que los magistrados se basaron en los acuerdos de paz y tratados internacionales, "pero según su conveniencia", según informa el diario guatemalteco 'La Prensa Libre'.

En ese sentido, consideró que pudo haber discriminación, ya que los magistrados "por ser ladinos, favorecieron a los sindicados". Los ladinos son mestizos pero no indígenas, normalmente se utiliza en Guatemala para referirse a los blancos.

La Premio Nobel añadió que con aquel fallo se demostró nuevamente "que no existe justicia" en Guatemala y anunció que denunciará la situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en otros organismo internacionales.

También indicó que mantendrá sus acciones en otros países centroamericanos y también en España, donde esta misma semana el juez Pedraz lanzó un llamamiento a los medios de comunicación para que le ayuden a avanzar en el caso de las masacres en Guatemala.

En su comunicado, Pedraz expuso que hasta la simple petición de toma de declaración de testigos ha provocado problemas. La delegación judicial española se trasladó a Guatemala y una vez allí quedaron suspendidas 'sine die' las mencionadas declaraciones por lo que el juez se vio obligado a acordar el desplazamiento a España de los testigos. Está previsto que el primer grupo comparezca ante el magistrado entre los días 4 y 8 de febrero de 2008, mientras que los otros dos lo harán entre el 3 y 7 de marzo y el 5 y 9 de mayo, respectivamente.

EL CASO

La Audiencia Nacional trata de juzgar a los imputados en el genocidio y por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala ocurrido el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, son el jefe del Gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efrain Ríos Montt, el jefe del Gobierno entre agosto de 1983 y enero de 1986 Oscar Humberto Mejía Víctores, el presidente de la República entre 1978 y marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas García (al parecer fallecido), los ministros Ángel Anibal Guevara y Donaldo Álvarez; el director de la Policía Nacional, Germán Chupina; el policía Pedro García Redondo y el jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.

Según explica el auto, entre los años 1978 y 1984 hubo en Guatemala más de 250.000 víctimas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares y unos 150.000 buscaron refugio en México. Unas 443 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres.