Los campamentos provisionales han sido desalojados con tiros y machetes
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que decenas de miles de haitianos siguen sin hogar cinco años después de que un terremoto de siete en la escala de Richter arrasara el norte de Puerto Príncipe provocando una de las mayores catástrofes humanitarias del pequeño país caribeño, a pesar de las promesas de ayuda internacional.
En el informe '15 minutes to leave' ('15 minutos para huir'), Amnistía Internacional documenta casos de personas que han sido desalojadas a la fuerza de los campamentos provisionales que se construyeron en su momento para dar acogida a los damnificados.
De acuerdo con las cifras oficiales, 1,5 millones de personas perdieron sus casas por la brutal sacudida, que derribó el 70 por ciento de las construcciones de la capital haitiana, convertida desde entonces en un cúmulo de escombros y campamentos provisionales.
"Hace cinco años, el mundo entero estaba pendiente de Haití tras el devastador terremoto, pero por desgracia el interés del mundo ha disminuido desde entonces, a pesar de que decenas de miles de personas continúan sumidas en la pobreza y sin hogar", ha dicho la investigadora de la ONG para el Caribe, Chiara Liguori.
Liguori ha destacado que "muchas personas que lo perdieron todo en el terremoto de 2010 han vuelto a verse en graves dificultades al ser expulsadas de sus refugios improvisados". "Están expuestas a la larga a quedarse en la miseria, ya que los programas de apoyo económico de donantes internacionales están empezando a agotarse", ha denunciado.
Actualmente, 123 campos para desplazados internos siguen abiertos y albergan a 85.432 personas. "Aunque el número de residentes en los campos se ha reducido considerablemente desde 2010, más de 22.000 familias siguen sin tener una vivienda adecuada", ha señalado.
Amnistía Internacional ha denunciado que "las condiciones de vida en muchos campos para desplazados internos son extremas". "Un tercio de sus residentes no tienen acceso a una letrina", ha detallado, indicando que hay una media de 82 personas por sanitario.
DESALOJOS FORZOSOS
La organización humanitaria ha hecho hincapié en que "los desalojos forzosos de los campos son un problema grave y constante". En estos cinco años más de 60.000 personas han sido expulsadas de estos asentamientos temporales sin que se les haya ofrecido un lugar, "abocándolas de nuevo a la pobreza".
El caso del campamento provisional de Canaan, en el norte de Puerto Príncipe, es uno de los más destacados. Entre el 7 y el 10 de diciembre de 2013 más de 200 familias fueron desalojadas a la fuerza del sector de Mozayik. La mayoría se habían trasladado allí en 2012 tras otro desalojo.
"En algunos casos, la policía ha efectuado disparos al aire con munición real y ha usado granadas de gas lacrimógeno para llevar a cabo el desalojo forzoso, mientras que en otros grupos armados con machetes y palos han irrumpido en los campos para disolverlos", ha indicado.
Amnistía Internacional ha podido documentar varios casos de "agresiones a niños de corta edad, embarazadas y ancianos durante los desalojos forzosos".
Aunque el número de desalojos forzosos de campos de desplazamiento documentados se redujo en 2014 en comparación con años anteriores, "el Gobierno sigue sin procesar a los responsables de estos actos y tampoco ha adoptado legislación que los prohíba".
Como consecuencia de ello, "se siguen llevando a cabo desalojos forzosos en las inmediaciones de los campos para desplazados internos, con el fin de despejar terrenos destinados a proyectos de reconstrucción y desarrollo de infraestructuras".
AYUDA INSUFICIENTE
Aunque la comunidad internacional prometió ayuda al Gobierno haitiano para financiar la reconstrucción de Puerto Príncipe, lo cierto es que los programas que se han puerto en marcha desde entonces apenas cubren las necesidades reales de la población.
Menos del 20 por ciento de las soluciones de alojamiento propuestas pueden ser calificadas de duraderas" porque "la mayoría de los programas sólo ofrecen medidas temporales, como la construcción de refugios provisionales, pequeñas estructuras fabricadas con materiales ligeros concebidas para durar solamente de tres a cinco años".
Además, aunque parte de la ayuda internacional "se destinó a establecer programas de subvenciones para el alquiler, estos programas no pueden considerarse una solución a largo plazo, a pesar de que hayan reducido de manera considerable el número de campos para desplazados internos".
"A pesar de su buena intención, los programas provisionales no son más que un parche, soluciones rápidas en lugar de respuestas de desarrollo a largo plazo", ha señalado la ONG, indicando que "lo que de verdad hace falta es poner en marcha iniciativas que garanticen realmente el derecho a una vivienda adecuada".
MEDIDAS TARDÍAS
En este contexto, el año pasado el Gobierno haitiano elaboró su primera política nacional de vivienda, estableciendo un marco normativo para primeras intervenciones. "Empezó a estudiar soluciones más duraderas, como la regularización de los campos y el acceso a servicios esenciales", ha apuntado.
Amnistía Internacional ha advertido ya de que "vigilará con atención estas medidas para asegurarse de que los programas se ajustan a las obligaciones internacionales de Haití en materia de Derechos Humanos".
Asimismo, ha pedido al Gobierno "que establezca salvaguardias frente a los desalojos forzosos y garantice que las alternativas de alojamiento que se están preparando son realmente accesibles y asequibles para las personas que están más expuestas a la violación de su derecho a una vivienda adecuada".
También "ha instado a donantes y organismos internacionales a asegurarse de que cualquier iniciativa que vayan a financiar o apoyar base su planificación firmemente en los Derechos Humanos y las necesidades a largo plazo de la población".
"Tras la catástrofe, pareció que existía la aspiración común de abordar finalmente y con seriedad el asunto del alojamiento en Haití de una manera integral. Un sueño aparentemente olvidado hace tiempo. Cinco años después de la tragedia, es hora de que el Gobierno y los organismos internacionales renueven su compromiso y lo mejoren para que toda reconstrucción garantice plenamente los Derechos Humanos", ha urgido.