VALNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo vuelve a recordar al Ministerio del Interior su "inexcusable deber de colaboración" ante casos como el de la hondureña que el año pasado fue a denunciar una agresión en la Policía Nacional de Xirivella (Valencia) y acabó detenida por estancia irregular en España, un expediente que fue archivado meses después por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.
En mayo de 2019, entidades sociales se quejaron públicamente de la situación de esta mujer, que fue a comisaría con un amigo español para comunicar que había sido agredida por el casero de él con cuchillos y a gritos de "puta vagabunda". La hondureña, según esta versión, sufrió heridas y fue arrestada cuando volvió del coche de recoger la copia de su pasaporte.
A raíz de este caso, el Defensor solicitó al ministro hace 15 meses que adoptara medidas para que los extranjeros en situación irregular puedan denunciar sin miedo a ser expulsados. "Grande-Marlaska ha desoído esta petición hasta en tres ocasiones, por lo que ahora le acusa de retrasar la solución a situaciones como la de la chica hondureña", denuncia la ONG Valencia Acull en un comunicado.
Se trata de la cuarta vez que el órgano estatal se dirige a Interior. Primero lo hizo en julio de 2019, cuando el Ministerio respondió que la legislación solo prevé suspender un expediente de expulsión ante denuncias por violencia machista. En diciembre le reiteró la recomendación, insistiendo en la necesidad de cambiar la ley para que las víctimas puedan denunciar cualquier delito "sin miedo a su expulsión".
PRIMERO AUXILIAR
Tras no recibir respuesta, en las siguientes peticiones de febrero y julio, la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán recordó a Interior que el Estado debe garantizar que los inmigrantes irregulares víctimas de delitos pueden ejercitar sus derechos: "Todos los esfuerzos deben concentrarse en auxiliar, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos".
A juicio del Defensor, resulta cuestionable que los policías puedan realizar indagaciones para saber si estas víctimas se encuentran o no en situación regular en España, algo que "tiene claramente un efecto disuasorio, pone en peligro la actividad punitiva del Estado y constituye una quiebra del principio de equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica".
En su último escrito, fechado el pasado miércoles 21 de octubre, comunicó a la asociación que denunció los hechos que todavía no ha recibido la información solicitada a Interior. "Ante esta falta de respuesta", se ve obligado a reiterar al Ministerio su "inexcusable deber de colaboración" que recoge la ley de la institución de 1981.
Tras lamentar "este involuntario retraso en el esclarecimiento de las circunstancias que planteó en su queja", el Defensor del Pueblo se compromete a hacer pública la información requerida una vez reciba la respuesta de Interior, así como todas las actuaciones que procedan.
Por todo ello, Valncia Acull critica las tres peticiones "infructuosas" al Ministerio y destaca que "el Defensor no solo no ha dado la batalla por perdida, sino que ha endurecido su posición ante la institución que dirige Fernando Grande-Marlaska". Este caso, en su opinión, reabrió el debate sobre la desprotección jurídica que sufren los migrantes sin papeles".
La ONG, mientras tanto, rechaza que las personas en situación irregular que acuden a poner una denuncia a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil "corren el riesgo de acabar siendo expulsadas" a pesar de que lo prohíban directrices europeas y españolas de 2021 y 2015. Esto las obliga a "seguir acudiendo al juzgado para poder realizar denuncias seguras".