Actualizado 30/08/2016 09:59

Iberoamérica todavía llora a sus víctimas de desapariciones forzadas

Conmemoración por los 23 meses de desaparición de los 43 nominalistas
REUTERS

   MADRID, 30 Ago. (Notimérica) -

   Los gobiernos militares iberoamericanos del período de 1970 a 1985 impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como 'Terrorismo de Estado'.

   El 21 de diciembre de 2010, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en virtud de una resolución aprobada por la Asamblea General, decidió declarar el 30 de agosto 'Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas'.

   De los 195 países del mundo, solamente 46 han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En Iberoamérica lo firmaron Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y México.

   En 1975, el Ejército argentino recurrió por primera vez a la desaparición de personas en Tucumán al reprimir un alzamiento guerrillero. A partir del golpe de Estado que derrocó a la presidenta argentina, María Isabel Perón, en marzo de 1976, el poder político fue centralizado en su totalidad por los militares.

   En el caso de Chile, las desapariciones comenzaron después del golpe que derrocó al Gobierno de la Unidad Popular en septiembre de 1973. Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, durante el régimen del dictador Augusto Pinochet más de 2.000 personas habrían desaparecido. Fue a partir de entonces cuando la opinión pública internacional se sensibilizó sobre este problema a través de las denuncias y luchas de los familiares de detenidos y desaparecidos.

   Del mismo modo, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México, propuesta por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y hasta 2014, se han denunciado 22.000 casos de desapariciones forzadas. Uno de los casos más mediáticos es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Esta larga lista de víctimas se suma a los desaparecidos de las décadas de los años 60, 70 y 80.

   El motivo del nombramiento de este día es la expresión de preocupación de la comunidad internacional, especialmente de la ONU, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, así como por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, según establece la organización.

   Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que se establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Asimismo, se señalan las obligaciones de los estados partes de tomar medidas adecuadas al respecto.

   La desaparición forzada se define en el artículo 2 de la Convención como "el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

   "Este concepto de desaparición se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad", denuncia el documento.

   Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política.