CIUDAD DE GUATEMALA, 10 Dic. (Notimérica) -
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, renunció a su cargo en septiembre del pasado año, después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo implicara en el caso 'La Línea', un caso de fraude fiscal en el que tanto el presidente como la vicepresidenta Roxana Baldetti, están presuntamente implicados en casos de corrupción.
Los esfuerzos de Guatemala por promover la justicia por atrocidades de Derechos Humanos (DDHH) cometidas contra la guerra civil (1960-1996) han tenido resultados mixtos. A pesar del impulso por parte del Ministerio Público de varios casos resonantes, la gran mayoría de las víctimas no han obtenido justicia.
La Organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado su 'Informe Mundial 2016', en el que se publica el análisis anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, donde se han analizado más de 90 países y territorios de todo el globo.
A pesar de su análisis a nivel global, llama la atención el caso de Guatemala, donde la violencia y extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen estando extendidas.
JUICIOS POR VIOLACIONES DE DDHH
En mayo de 2013, el expresidente Efraín Ríos Montt, fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En agosto de 2015, un tribunal de primera instancia declaró a Montt incompetente para enfrentar un nuevo juicio y dispuso que debía ser representado por sus abogados en un procedimiento especial a puertas cerradas, que estaba previsto que comenzara este enero.
Además de impulsar la causa contra Montt, el Ministerio Público ha impulsado en los últimos años la condena a varios otros miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes perpetrados durante la guerra, que constituyeron violaciones de Derechos Humanos.
Cinco miembros de las fuerzas especiales del Ejército recibieron severas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres en 1982, en la cual murieron más de 250 personas, y el exjefe de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz recibió una pena de 40 años por ordenar la desaparición de un estudiante activista en 1984.
Asimismo, en enero de 2015 el exjefe de Policía Pedro García Arredondo, fue condenado a 90 años de cárcel por una incursión en la embajada española en 1980 donde murieron 37 personas quemadas.
En octubre de 2015, el poder judicial guatemalteco inauguró un tercer "tribunal de alto riesgo" que se ocuparía de casos de graves delitos, como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de pandillas es además uno de los principales factores que motivan a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.
A pesar de estos problemas, los fiscales han conseguido avanzar en casos de delitos violentos, así como en casos de ejecuciones extrajudiciales y corrupción, debido en gran parte al apoyo que la Fiscalía General ha recibido de la CICIG.
ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DDHH
HRW alerta de la persistencia de actos de violencia e intimidación contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y sindicalistas. Según datos de la Confederación sindical Internacional, más de 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2015.
Asimismo, entre enero y marzo de 2015, 20 periodistas sufrieron ataques, y en marzo dos periodistas murieron por disparos efectuados por dos agresores no identificados en la localidad hondureña de Mazatenango.
SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS
En Guatemala casi la mitad de la población del país es indígena, mayas, xincas y garífunas. De hecho en varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población.
La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas; con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad. Éstos han sido excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente en la sociedad nacional, según ha indicado la Red Internacional de Derechos Humanos.
Uno de los problemas fundamentales que aqueja a los pueblos indígenas es el derivado del derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra y resolución de demandas agrarias y la ausencia de respeto a los territorios tradicionales han provocado los desplazamientos forzados de pueblos indígenas.
Esto se debe a proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, lo que configura un panorama de crecientes tensiones sociales.
La situación de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia es otro tema preocupante. Si bien el Gobierno ha tomado distintas medidas para extender el sistema de administración de justicia en todo el país, especialmente en las zonas indígenas, la cobertura es aún insuficiente.
Los pueblos indígenas tiene grandes dificultades de acceso a los juzgados y tribunales, de discriminación contra su derecho consuetudinario y de la falta de intérpretes en lenguas indígenas en los tribunales, así como de defensores de oficio.
En el campo de la educación, cuestión prioritaria para estos pueblos, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para proporcionar educación bilingüe e intercultural, no hay aún suficientes maestros capacitados y los demás recursos educativos son inadecuados.
Las escuelas carecen de textos y otros materiales pedagógicos, especialmente en las zonas rurales en las que viven los indígenas. Las cifras de escolarización, sobre todo de las niñas indígenas, siguen siendo bajas en comparación con el resto de la población infantil.