MÉXICO DF, 26 Jul. (Notimérica) -
El exceso del número de policías, la falta de investigaciones en la mayor parte de las imputaciones, el alto número de ejecuciones extrajudiciales sin castigo y el bajo número de jueces en el sistema, sumado a que un 46 por ciento de la población detenida no tiene sentencia, ubican a la República de México entre los cinco países con mayor índice de impunidad (IGI) y como un caso excepcional.
La Universidad de las Américas del estado de Puebla, a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), ha elaborado el primer Índice Global de Impunidad (IGI) que identifica la amenaza de este fenómeno con la trasgresión a la vida pública democrática internacional. Es decir, demuestra la relación entre impunidad y el acceso desigual a la justicia, el diseño de instituciones inadecuadas, la falta de capacidades organizacionales y el desprecio a los derechos de los ciudadanos.
Si la impunidad puede definirse a partir de su raíz etimológica "crimen sin castigo", actualmente constituye un "actor multidimensional" que trasciende el simple análisis de los delitos susceptibles a una pena como lo es el homicidio, por un proceso de "retroalimentación entre inseguridad, violencia, corrupción y violación grave a los Derechos Humanos".
"La impunidad es sencillamente lo contrario al Estado de Derecho", define en el informe Herta Däubler-Gmelin.
Los cinco países con mayor grado de impunidad del IGI se corresponden con: la Federación de Rusia, Colombia, México, Filipinas y Turquía. Y en la región de Latinoamérica México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador registran mayores problemas en su estructura de seguridad e impartición de justicia respecto al resto de sus convecinos.
LA IMPUNIDAD EN MÉXICO
El caso de México recibe en este estudio un análisis independiente, dado que, como bien nombra este informe, el país ocupa un lugar crítico en la lucha contra el crimen organizado (que opera o "se escapa" sin rendir cuentas de sus acciones), por los altos niveles de corrupción en el interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y el número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados.
Estos factores han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y auténtica preocupación ciudadana hacia México.
La última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) de 2014 indica que los mexicanos perciben la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven.
IGI ha realizado una estimación del promedio global del número de jueces por país que cifra en 17 por cada 100 mil habitantes, donde en este aspecto México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que supone una cifra muy inferior al promedio internacional.
La necesidad de México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia parece evidente. Según subraya este informe, en el supuesto de efectuarse tal recomendación, esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, de modo que al aumentar su número se podría reducir la sobrepoblación de las cárceles y el elevado número de personas encarceladas a la espera de sentencia.
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice evidencia la deficiencia de tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46 por ciento); presentar poca correspondencia entre los encarcelados por homicidios y los casos denunciados con este delito; así como en enfatizar nuevamente el fallo del bajo número de jueces.
En lo referido a la estructura de los sistemas de seguridad, señala que los esfuerzos gubernamentales de aumentar el cuerpo policíaco en México --con 355 policías por cada 100 mil habitantes, que constituyen una cifra muy apegada al estándar global de 332 policías por cada 100 mil habitantes-- contrastan con la sobrepoblación penitenciaria y el déficit de este personal en la garantía de los servicios mínimos que todos los reclusos debieran tener.
Tanto la saturación como la relación pantanosa entre prisiones y juzgados ubican su origen, a juicio de los autores del IGI, en un fenómeno ocurrido durante las primeras etapas del camino penal: "En México la mayoría de los contactos formales no son presentados ante un juez".
La Universidad de las Américas de Puebla ha determinado que la impunidad en México es tanto funcional como estructural. "No necesita invertir en la cantidad de policías, sino en los procesos judiciales que garanticen la efectividad de sus acciones". Y con ello, "la inversión en el número de jueces" supondría un beneficio nacional en "la reducción de los reclusos y sus largas estancias a la espera de sentencia".
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia ha realizado este informe a partir del análisis de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales solo 59 fueron incluidos al no cumplir el resto con la información estadística necesaria y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
La lista de países que cuentan con bajos niveles de impunidad, la conforman: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal. Ningún país del continente americano protagoniza el ranking.