22 de agosto de 2015

Las irregularidades de la DEA en el uso de sus confidentes

   WASHINGTON, 22 Ago. (Notimérica) -

   El informe publicado por el Departamento de Justicia de la administración del presidente Barack Obama señala que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) viola las leyes de su país y aumenta el riesgo de la seguridad nacional de otros países en el empleo de sus informantes confidenciales --a destacar periodistas, médicos y traficantes de drogas--, a quienes además alientan a participar en actividades relacionadas con el narcotráfico.

   Con el título de 'Auditoría a las políticas de la Administración Federal Antidrogas (DEA) para el manejo de fuentes confidenciales y supervisión de fuentes confidenciales de alto riesgo', el informe resume un año de investigación en 50 páginas --publicado el pasado 21 de julio y al que ha tenido acceso la revista 'Proceso'-- y notifica diversas irregularidades en los operativos de la institución encargada de combatir el tráfico de drogas.

   El inspector general del Departamento de Justicia y firmante del documento, Michael E. Horowitz, sostiene que la DEA incumple las reglas y manuales federales sobre el manejo de las fuentes de información, informantes confidenciales y fuentes confidenciales de alto riesgo, al no sólo gastar más recursos de los previstos, sino al vulnerar el respeto y aplicación de la ley.

   Entre los informantes o fuentes de información de alto riesgo se cita a "traficantes de drogas, abogados, médicos, periodistas y a criminales" investigados por otras dependencias federales de Estados Unidos, lo que pone en juicio la autonomía de los operativos antinarcóticos.

   "En algunos casos la DEA, sin la autorización necesaria, continuó utilizando informantes durante más de seis años sin la intervención del Departamento de Justicia; estos estaban involucrados en actividades ilegales y también eran sujetos de investigación por parte de otras entidades federales", recoge el informe.

   La investigación revela una realidad ignorada sobre las tácticas de la DEA dentro y fuera de Estados Unidos, al indicar que "la institución permite, autoriza e implica a sus informantes en actividades criminales a fin de conseguir información carente de confiabilidad y sin un contraste riguroso", cita el informe.

   La revista 'Proceso' denuncia, in situ, que el inspector general tuvo que hacer frente al intento de bloqueo de la investigación por parte de miembros de la DEA, en tanto a la ocultación de información, manipulación de los expedientes de los informantes y en la no cooperación con la auditoría interna que por ley establece el Gobierno Federal de EEUU.

   La investigación de Horowitz se inició en febrero de 2014 y concluyó el pasado julio. En ella se cifran 240 casos de informantes de la DEA que han sido utilizados durante más de 6 años --lapso que supera el plazo de credibilidad que autorizan las reglas internas de las agencias estadounidenses.

AUTORIZACIÓN Y "SALARIO" PARA DELINQUIR

   El informe identifica que el reclutamiento de informantes o fuentes de información confidenciales o de alto riesgo por parte de la DEA se efectúa violando los estándares de este objetivo, dado que al aceptar tal condición el departamento autoriza la "licencia para delinquir" y garantiza una compensación monetaria semejante a la que perciben por la jubilación los empleados gubernamentales.

   "Estimamos que durante el periodo de un año, del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, la DEA pagó a 17 fuentes confidenciales de información o a sus dependientes, la cantidad de 1.034 millones de dólares en compensaciones, como si fueran empleados federales", ejemplifica con claridad la oficina del inspector general.

   Horowitz añade que los altos mandos y agentes de la DEA han reconocido que los informantes presentan altísimos riesgos para la aplicación de la ley, dado que además de ser criminales, a menudo exigen el pago por su cooperación e información.

   Los manuales de la DEA definen informante o fuentes de información confidencial como "cualquier individuo que, con una expectativa razonable de confidencialidad, entregue información sobre el tráfico de drogas o lleve a cabo actividades de investigación".

   Los nombres de los informantes no han sido revelados por el inspector general del Departamento de Justicia, pero sí están recogidos en la base de datos electrónica conocida como Confidential System Concorde de las oficinas centrales, donde están archivados todos los datos de informantes y fuentes, además de sus antecedentes.

   Las categorías de informantes o fuentes confidenciales de información se clasifican en: de uso restringido, fuente que requiere un alto nivel de supervisión debido a sus antecedentes; acusado (testigo protegido) que se encuentra bajo arresto por delitos estatales o federales; nombre protegido, cuya identificación pública puede significar una amenaza a la seguridad nacional; informante, que no cumple con los requisitos anteriores; e informante de uso limitado, aquella fuente con propósitos de pago.

   Esta categorización representa para Horowitz la principal prueba de las irregularidades y violaciones a las leyes y reglamentos federales a los que incurre la DEA.

   El informe del inspector general del Departamento de Justicia de EEUU ha sido entregado a la Fiscalía General de Loretta Lynch a fin de su oficina proceda ante la lista de violaciones documentadas y que incluso protagonice una nueva investigación, de la cual podría derivarse acusaciones con juicio en la Corte Federal.