SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha mostrado este martes el "máximo respeto" a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de reabrir la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.
Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha insistido en que el objetivo de la Junta es "potenciar Andalucía como centro de desarrollo para la actividad industrial y, especialmente, la minería".
En cuanto a los casos judicializados, el consejero de Presidencia ha reiterado "el máximo respeto a las decisiones judiciales", así como la colaboración para entregar la información que les sea solicitada.
"Estudiaremos el auto, pero es un proceso abierto que nos obliga a la prudencia", ha sostenido Bendodo, quien ha recordado que este caso ya fue archivado en dos ocasiones y ha hecho hincapié en que "el camino judicial es uno y la actividad económica de la mina es otro distinto".
En el auto, la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la juez Patricia Fernández Franco.
La Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.
El auto apunta que resulta "evidente y ello no se discute", que Grupo México, como licitador, "no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles" para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, "lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública".