MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Al menos 39 defensores de los Derechos Humanos han muerto asesinados en Guatemala en 2017 y 2018, víctimas de una ola de ataques que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha tachado de "alarmante" y que va ligada también a una serie de esfuerzos para "silenciar" a quienes intentan alzar su voz en el país centroamericano.
La oficina que dirige Michelle Bachelet ha denunciado en su último informe al menos 884 ataques y 39 asesinatos en los dos últimos años, si bien ha recordado que los activistas sufren, además de agresiones físicas, "amenazas, intimidación, vigilancia, estigmatización y violencia sexual y por razones de género".
El informe, elaborado en colaboración con la Procuradoría de Derechos Humanos guatemalteca, se basa en más de 190 entrevistas a defensores de los Derechos Humanos y funcionarios públicos, entre otros testigos que han dado cuenta del "riesgo extremo" que sufre el colectivo activista tanto por parte de actores estatales como no estatales.
El 86 por ciento de las personas entrevistadas ha asegurado que ha sufrido ataques o amenazas en al menos una ocasión durante el periodo analizado, si bien para el Alto Comisionado hay colectivos que sufren un mayor riesgo como son los indígenas, los defensores de las mujeres o de la comunidad LGTBI, los periodistas, los jueces y abogados y los defensores de las víctimas del conflicto armado.
Una tendencia "preocupante" a juicio de la ONU es "la utilización de las leyes para silenciar" a los activistas, algo que "afecta especialmente a los defensores de los derechos a tierras, territorios y recursos", según un comunicado de la oficina de Bachelet.
El riesgo también se exacerba en el actual contexto electoral --el 16 de junio se celebrará la primera vuelta--, como queda de manifiesto con una serie de ataques contra líderes locales señalados "por sus compromiso políticos". Tres candidatos políticos y dos personas más que habían adelantado sus intenciones de presentarse han sido asesinados en 2019.
Estos ataques, ha advertido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, "ponen en cuestión la credibilidad del proceso".
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"La impunidad en relación a estos crímenes es constante y descontrolada. Los jueves independientes --algunos de altos tribunales-- y los fiscales han sufrido asaltos, amenazas, represalias y han sido estigmatizados, en especial por su implicación en casos de corrupción o en la justicia transicional", ha denunciado la ONU.
Así, el informe ha reconocido avances en varios aspectos, pero reclama "cambios estructurales" que permitan sacar a Guatemala de una situación marcada por la corrupción "endémica" y la "debilidad" tanto institucional como en materia de seguridad.
También ha cuestionado "el cierre de espacios para la coordinación de medidas de protección y la actual promoción de una agenda legislativa regresiva en cuestiones clave de Derechos Humanos".
"Se necesita más voluntad política, así como educación cívica y campañas de concienciación sobre la importancia de la defensa de los Derechos Humanos para la democracia y el Estado de Derecho", ha añadido el Alto Comisionado, que ve "un paso importante" en la posible aprobación de una reforma específica de protección del activismo.