Actualizado 28/08/2016 22:36

En México, el 80 por ciento de hijos de migrantes no acceden al sistema educativo

Menores migrantes centroamericanos en México
UNICEF/OJEDA

CIUDAD DE MÉXICO, 28 Ago. (Notimérica) -

En México, más del 80 por ciento de los hijos de inmigrantes no acuden a la escuela, tal y como ha asegurado la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes.

Las estimaciones cifran en 279.326 la cantidad de niños y niñas que se encuentran en edad de preescolar, primaria o secundaria. Sin embargo, el 80 por ciento de ellos, hijos de jornaleros en condiciones de pobreza, no llegan a acceder al sistema educativo mexicano.

Por ello, Schmelkes aconsejó al Gobierno que rediseñe las políticas educativas con el fin de atender a estos niños, que no se les disminuya presupuesto, que se garantice disponibilidad de maestros preparados para atenderlos, que se cree un sistema unificado e innovador de información educativa.

También indicó que en los últimos cuatro años, se ha reducido a la mitad el presupuesto destinado a la atención de estos niños. "Este sector ha sido invisibilizado. Siempre que hablamos de migrantes se piensa en los que se van a Estados Unidos, pero no en los que tenemos dentro del país, quienes están en una situación verdaderamente crítica", lamentó en declaraciones recogidas por 'Telesur'.

Por su parte, Nasheli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, y Carlos Rafael Rodríguez Solera, investigador de la Universidad Iberoamericana, defendieron que las propuestas de Schmelkes son "pertinentes", pero admitieron que es necesario la existencia de un organismo que las implante.

En tanto, as representantes del Gobierno, Claudia Alonso Pesado, coordinadora operativa del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación (Segob), e Irma Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señalaron que las directrices emitidas por el INEE son un reto para el Estado, que está obligado a garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los menores.