MÉXICO DF, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un informe de Amnistía Internacional publicado este jueves denuncia el fuerte incremento y la impunidad de los casos graves de violaciones de los Derechos Humanos por parte del Ejército y de la Policía de México, por lo que insta al Gobierno de ese país a articular los mecanismos que garanticen la imparcialidad de los juicios y compensen a las víctimas de estos abusos.
"Existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran", dijo la directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional, Kerrie Howard.
El organismo pone de manifiesto los abusos cometidos por las Fuerzas de Seguridad de México contra la población en su lucha contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga que operan en el país norteamericano y que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
"Los abusos que hemos visto contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México. Al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de derechos humanos, el Gobierno mexicano podría ser considerado cómplice de estos crímenes", aseveró Howard.
A finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2.000 quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008, frente a los 367 que se recibieron en 2007 y los 182 de 2006. Sin embargo, la organización cree que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos cometidos, sino solo su tendencia debido al miedo de las víctimas y familiares de éstas a la represión.
"Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso aún es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg. Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el Gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar", afirma Kerrie Howard.
En el informe Amnistía Internacional denuncia que los pocos casos de abusos cometidos por el Ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni a una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales.
EL CASO SAÚL BECERRA
El pasado 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de coches de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto a Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego.
Las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl, pese a que se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición del joven, de las cuales ninguna de ella desembocó en una investigación efectiva.
El cadáver de Saúl fue encontrado en marzo de 2009, cuando los servicios forenses de la policía local certificaron que murió por una hemorragia cerebral causada a su vez por un traumatismo craneoencefálico.
Finalmente el juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del Ejército.