MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Marisela Escobedo ocurrido el pasado 16 de diciembre en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua (norte).
La Comisión ha pedido al Gobierno de Felipe Calderón que investigue el hecho para sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen. Asimismo, exhortó a México a adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol Frayre.
Escobedo murió de un disparo en la cabeza frente al Palacio de Gobierno de la violenta localidad de Ciudad Juárez, donde reclamaba justicia por la muerte de su hija Rubí Marisol Frayre, asesinada en septiembre de 2008, a los 16 años de edad.
Su pareja, Sergio Rafael Barraza, habría confesado la autoría del crimen, pero fue absuelto en primera instancia y puesto en libertad. Un mes después fue condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia, pero permanece prófugo.
Pese a las amenazas recibidas, Marisela Escobedo luchó para que el asesinato de su hija no quedara en la impunidad.
Según el Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007), la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando su repetición y la aceptación social de este fenómeno, recuerda el CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este sentido, la Comisión recomienda a los Estados que lleven a cabo las investigaciones "oportunas, completas e imparciales" en los casos de violencia de género para que las víctimas tengan una "adecuada protección judicial" y los responsables "sean sancionados".
Además, la Comisión considera necesario "implementar una política integral y coordinada" respaldándola con los "recursos adecuados" para prevenir los casos de violencia contra las mujeres a través de "investigaciones penales efectivas" y adoptando "programas" destinados a "superar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad".
En este sentido, insta a las instituciones a que garanticen la entrada a la mujer en el ámbito de la justicia, así como al "funcionariado público".