MÉXICO DF, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plasencia, ha indicado que en México hay 24.8000 personas desaparecidas, 2.443 de las cuales podrían ser víctimas de desapariciones forzadas.
Plasencia ha indicado que los estados con mayor número de casos son Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Destaca el caso de Coahuila, con al menos 400 desaparecidos.
En este contexto, la CNDH ha emitido 30 recomendaciones a las autoridades de los tres poderes estatales, en las que advierte de que hay servidores públicos implicados en estos casos.
Human Rights Watch (HRW) ya denunció en un informe publicado el pasado 21 de febrero que durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se produjeron 249 desapariciones, de las cuales, al menos en 149 casos, hay "pruebas contundentes" de que fueron forzadas debido a la implicación de las fuerzas de seguridad.
"HRW ha encontrado pruebas contundentes que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad, es decir, del Ejército, la Marina y de las policías federales, estatales y municipales, intervinieron de alguna forma en las desapariciones forzosas", dijo la organización humanitaria.
Según sus averiguaciones, el 'modus operandi' es variable. Así, unos casos podrían haber sido planificados y coordinados", mientras que en otros habrían "colaboraron directamente con el crimen organizado para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares".
HRW también denunció que "es común que no se inicie una búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas ni se investigue a los responsables". "En muchos casos, los funcionarios sugieren que las víctimas tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar", apuntó.
En la misma línea, aseveró que "las medidas adoptadas por el Gobierno de Calderón para afrontar este problema fueron tardías y evidentemente inadecuadas", ya que "durante gran parte de su Presidencia negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de los Derechos Humanos".
En este contexto, HRW instó a Peña Nieto --"que ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia"-- a "dar los pasos necesarios para abordar el problema y asegurar que sus responsables son llevados ante la justicia".