MÉXICO DF, 8 Jul. (Reuters/EP) -
Los conductores afiliados al servicio de transporte privado Uber necesitarán permiso para trabajar en México DF y la empresa tendrá que hacer aportes a un fondo, según un borrador de regulación que sería el primero en su tipo en Latinoamérica.
La propuesta de regulación prohíbe que servicios como Uber acepten pagos en efectivo de sus clientes, que les ofrezcan planes prepagados o que usen las paradas establecidas para los taxis.
Uber tendría que pagar al Gobierno de la ciudad 1.599 pesos (101,1 dólares) anuales por el permiso para cada vehículo afiliado a su plataforma y entregar cerca del 1,5 por ciento de la facturación local a un fondo de transporte de la ciudad creado recientemente, según ha dicho un funcionario de la secretaría de Movilidad de la ciudad. "El plan aún está siendo negociado y podría cambiar antes de la fecha esperada de la publicación, la semana próxima", ha añadido el funcionario.
"Uber no tiene problema en pagar costos que la pongan en un campo de juego parejo con los taxis locales", ha advertido la portavoz de la empresa, Ana Paula Blanco, pero ha preferido no comentar las cifras exactas hasta que se hagan oficiales. Uber lanzó su servicio en el enorme mercado de México DF en 2013, y según dice tiene unos 300,000 usuarios.
El líder de una asociación de taxis, Rubén Alcántara, ha dicho que este martes fue informado, en una reunión con el secretario de Movilidad de la ciudad, Rufino León, de que Uber tendría que pagar entre un tres y un cinco por ciento de sus ingresos al fondo de transporte. Sin embargo, no ha podido explicar la discrepancia con las cifras ofrecidas por el funcionario de la secretaría, que también estaba en dicha reunión.
En Ciudad de México hay unos 140.000 taxis registrados, y los taxistas han organizado protestas en las calles en contra de Uber, pidiendo que sea prohibido. La empresa también se enfrenta a problemas similares en otros países de Latinoamérica.
LA POLÉMICA EN LATINOAMÉRICA.
Los legisladores de Sao Paulo, la mayor ciudad y centro financiero de Brasil, y la capital, Brasilia, votaron a favor de prohibir Uber tras las protestas de los taxistas locales. El Gobierno paulista ha decomisado 23 vehículos desde agosto. Esas regulaciones aún requieren de aprobación ejecutiva.
En Bogotá, los taxistas han atacado ocasionalmente a los conductores de Uber, y los de Río de Janeiro dispararon a un conductor de Uber el sábado. Las autoridades colombianas han declarado a la empresa ilegal y la Policía ha decomisado varios automóviles que ofrecen servicios en su aplicación digital.
Uber, que logró revertir una prohibición por un tribunal brasileño este año, ha dicho que continuará operando en Brasil y Colombia en respuesta a la fuerte demanda del público.