CIUDAD JUAREZ (MÉXICO), 27 Jul. (EP/AP) -
Las familias de mujeres que han aparecido asesinadas en las afueras de la localidad mexicana de Ciudad Juárez desde 1993 afirmaron ayer, miércoles, que se sienten abandonadas por el Gobierno y que creen que la única opción que les queda para obtener justicia son las organizaciones internacionales.
El pasado junio, las autoridades federales mexicanas cerraron una investigación infructuosa de tres años por los homicidios de 14 mujeres que fueron violadas y estranguladas en Ciudad Juárez, y entregaron los casos a las autoridades estatales, según la Procuraduría estatal del estado de Chihuahua, donde se encuentra la localidad.
La decisión no resultó una sorpresa para las familias. En febrero, la Procuraduría General de la República transformó la oficina del fiscal especial en Juárez, creada para supervisar las investigaciones estatales y las federales, en una oficina nacional para investigar los delitos contra mujeres, con sede en la capital, Ciudad de México.
El mismo día, la Procuraduría anunció que sus investigaciones no mostraban evidencias de asesinatos en serie en Juárez, y manifestó que estaba lejos de ser la ciudad más letal para las mujeres en México.
Las familias de las víctimas se han quejado de que las autoridades estatales condujeron con "ineptitud" la investigación, "manejando mal la evidencia y torturando a personas inocentes para hacer que confesaran los delitos".
SIN RECURSOS NI ENTRENAMIENTO
La policía ha realizado numerosos arrestos en relación con los casos, entre ellos un químico egipcio que falleció en prisión el mes pasado, un conductor de autobús que fue declarado culpable y posteriormente absuelto, y su codemandado, que murió en la cárcel antes de que se emitiera la sentencia, así como un grupo de pandilleros que están cumpliendo sus sentencias.
Sin embargo, las autoridades estatales reconocen que los casos rebasaron su capacidad de acción, especialmente cuando comenzaron, argumentando que no tienen los recursos ni el entrenamiento para manejar las investigaciones adecuadamente.
Al menos tres familias de las víctimas han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que ha accedido a investigar las acusaciones de que las autoridades de Chihuahua plantearon las evidencias de los crímenes y no persiguieron a los verdaderos asesinos.
CASTIGAR A LOS INVESTIGADORES
Josefina González, quien tenía una hija de 20 años cuyos restos fueron hallados junto con los de otras siete mujeres en el año 2001, afirmó que espera que castiguen a los investigadores estatales que presuntamente manejaron las pesquisas con ineptitud. "Yo la última esperanza que tengo es que castiguen a los funcionarios", declaró.
Por su parte, Victoria Caraveo, activista en Ciudad Juárez con la organización sin ánimo de lucro 'Mujeres en Busca de Justicia', manifestó que "todo lo que las autoridades querían era comprar tiempo y tomar el pelo" a las familias, e indicó que 16 de los casos prescribirán el año próximo, al vencer en Chihuahua un estatuto de prescripción legal de 13 años.