MÉXICO DF, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Gobernación, Lía Limón, ha asegurado que la Procuraduría General está colaborando con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para conformar una base de datos con los 27.000 casos de desapariciones que existen en el país.
Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles que durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se produjeron al menos 149 desapariciones forzadas en México con la implicación de las fuerzas de seguridad, por lo que ha instado a su sucesor, Enrique Peña Nieto, a esclarecer todos los casos.
La ONG estadounidense explicó en el informe que ha documentado 250 desapariciones, pero "las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay miles", ya que en noviembre de 2012 se filtró una lista con más de 25.000 personas desaparecidas desde 2006.
Al término de la reunión con el director de HRW para las Américas, José Manuel Vivanco, Limón ha explicado que los diferentes gobiernos regionales juntos con las autoridades nacionales y judiciales colaborará en actualizar y completar el registro de desaparecidos.
"Es una base de datos cuyo contenido yo no conozco, sin embargo es una base de la que se tiene registro y se tiene información que contiene más de 27.000 casos", ha confirmado la funcionaria, que ha explicado que en algunos casos se publicarán datos de las víctimas --respetando la ley de protección de datos-- para esclarecer las desapariciones.
Según ha informado el diario 'El Universal', Limón ha precisado que este registro se cruzará con el análisis de ADN de los ciudadanos mexicanos, así como con cadáveres encontrados y que no son identificados para poder ir reduciendo la lista.
"En los casos en que no haya información genética se tendría que hacer un reejercicio por recabar la información genética. Por otro lado, tiene que haber bases de datos, y esto también depende de las entidades federativas", ha explicado.
Limón ha señalado que las administraciones estatales deberán poner en común los datos de los que disponen y la Procuradoría General se encargará de cruzar los datos y de obtener más información --especialmente alguna prueba genética-- para poder avanzar en las investigaciones.