Actualizado 15/01/2016 15:50

México y la incompetencia para resolver la epidemia de desapariciones

Pictures of the 43 students missing from Ayotzinapa College Raul Isidro Burgos a
EDGARD GARRIDO / REUTERS

   MÉXICO DF, (Notimérica)

   En su último informe, publicado este jueves 14 de enero, la organización Amnistía Internacional (AI) critica la incompetencia de todo el sistema mexicano, tanto las autoridades federales como las estatales, a la hora de investigar las desapariciones de miles de personas que se producen casi a diario en este país.

   En el informe titulado 'Un trato de indolencia: La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México', la organización expone cómo se reflejan en el estado mexicano de Chihuahua y en el resto del país, las deficiencias en las investigaciones de todas las desapariciones. Según recoge este análisis, los datos oficiales reflejan que el paradero de más de 27.000 personas, la mayoría de ellas víctimas de desaparición forzosa, es desconocido.

   La directora del Programa de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara-Rosas ha afirmado que "la incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los Derechos Humanos".

   INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES

   Esta falta de eficiencia por parte del sistema mexicano, está alimentando una grave crisis de Derechos Humanos de dimensiones epidémicas. "Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en las que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo", añade la directora.

   Cuando los familiares acuden a las autoridades para denunciar las desapariciones, éstas suelen acusar a la víctima de pertenecer al mundo del narcotráfico culpando a las luchas de poder entre bandas criminales.

   México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad, a pesar de que en muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por las autoridades.

   Tal y como recoge la organización, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, el Gobierno mexicano no ha llevado a cabo ninguna investigación seria. La teoría que seguían las autoridades que se basaba en que los estudiantes habían sido incinerados, fue rechazada por un grupo de expertos nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que los datos aportados no se sostenían.

   AI también documentó la incompetencia en las investigaciones de las casi 2.000 desapariciones que se producen desde 2007 en el estado de Chichuahua. En la mayoría de los casos las autoridades no adoptan medidas fundamentales para las pesquisas pertinentes, lo que obliga a los familiares a asumir la carga de la búsqueda, recorriendo el país o contratando detectives privados.

   FALTA DE RECURSOS

   La información que aporta la organización revela que las deficiencias de las investigaciones también están causadas por la falta de inversión en las procuradurías, por esto las autoridades están sobrepasadas con la cantidad de casos y la excesiva rotación de personal.

   Guevara-Rosas ha afirmado que "la incapacidad del Gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas".

   La directora apuntó el deber que tienen las autoridades mexicanas de elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias, "Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas".

   El pasado 10 de diciembre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presentó un proyecto para abordar esta crisis. Sin embargo, según señala AI, este proyecto legislativo no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales.